chamosaurio

La Duma se reúne este viernes por segunda vez para deliberar una propuesta de la comunidad parlamentaria en cuanto a un posible reconocimiento o no a la independencia de las tres repúblicas rebeldes, dos en disputa con Georgia y la tercera con Moldova.

Al calor de encendidos debates aquí, algunos analistas desestiman que el polémico tema resulte ventajoso para Rusia, en tanto se afirma que no debe analizarse “a priori” como una respuesta asimétrica de Moscú al reconocimiento de Kosovo por Occidente.

Lo que si parece evidente es que el precedente kosovar avivó las ansias separatistas, sobre todo en el Cáucaso sur, subrayan politólogos citados por la publicación digital Expert.ru.

El consejo directivo de la Duma discutió ayer lo que consideran la versión definitiva del documento que someterán a la aprobación de la cámara baja, en un ambiente de posiciones encontradas.

Sin adelantar detalles sobre su contenido, el presidente de la instancia legislativa, Boris Grizlov, afirmó que se trata de un pronunciamiento drástico.

Si bien no pocos políticos consideran precipitada una aprobación por parte de Rusia a los proyectos de independencia de sus vecinas repúblicas, reconocen la inquietud por los planes de Georgia de ingresar a la OTAN, lo mismo que Ucrania.

El vicepresidente del comité de la Duma para asuntos de la Comunidad de Estados Independientes, Kontantin Zatulin, sostuvo que Moscú debe oponerse a cualquier intento de presión externa de tipo político, económico o militar contra Sujumi, Tsinvalí o Tiraspol.

Zatulin abogó por mantener el formato de las fuerzas de paz para lograr un arreglo definitivo por la vía pacífica en torno a los conflictos con Abjasia, Osetia del Sur y Transdnester.

Al poner bajo cuestionamiento la soberanía de Kosovo, el vicecanciller Grigori Karasin afirmó a la sazón que Rusia rechaza cualquier revisión de las normas del derecho internacional.

Raúl Reyes estaba legitimado como interlocutor en estas negociaciones tanto por los gobiernos europeos como los latinoamericanos, así como por la Cruz Roja. Si las negociaciones hubieran llegado a buen fin con la liberación de los prisioneros, es probable que los mismos organismos gubernamentales y humanitarios hubieran presionado a Uribe para que iniciara negociaciones de paz y realizara un intercambio generalizado de prisioneros, lo que es contrario a las políticas de Bush y Uribe de continuar la guerra, los asesinatos políticos y la política de tierra calcinada.

Lo que estaba en juego con la violación de la soberanía de Ecuador y el asesinato de 24 guerrilleros de las FARC y visitantes mexicanos era, nada menos, toda la estrategia militar antiinsurreccional desarrollada por Uribe desde su llegada al poder en 2002.

Uribe estaba claramente dispuesto a correr el riesgo de exponerse a lo que luego sucedió: la censura y la sanción de la Organización de Estados Americanos, y la ruptura temporal de relaciones diplomáticas con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Y era así porque podía contar con el respaldo de Washington, que, en secreto –e ilegalmente–, participó en el ataque e inmediatamente lo aplaudió. Este aspecto tenía para él más valor que el sabotaje de la cooperación con los países latinoamericanos y Francia. Colombia sigue siendo el escudo militar avanzado de Washington en América Latina y, en particular, el más importante instrumento político-militar para desestabilizar y derrocar el gobierno anti imperialista de Hugo Chávez. Clinton y Bush invirtieron más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia en los últimos siete años, que incluyen el estacionamiento de 1.500 asesores militares y fuerzas especiales estadounidenses, docenas de comandos y formadores israelíes, financiación para 2.000 combatientes mercenarios y más de 10.000 efectivos paramilitares que operan en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas de Colombia, compuestas de 200.000 hombres.

A pesar de éstas y otras consideraciones internacionales que han influido en la acción bélica extraterritorial de Uribe, soy de la opinión de que el factor principal de este ataque al campamento de las FARC en Ecuador ha sido el deseo de decapitar, debilitar y aislar al movimiento guerrillero más poderoso de América Latina y más decidido antagonista de las políticas neoliberales represivas de Washington y Bogotá. Los líderes políticos internacionales, entre otros, líderes progresistas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Rafael Correa, que han pedido el final de la lucha armada, parecen pasar por alto las experiencias de los recientes esfuerzos de la guerrilla para desmilitarizar la lucha, con tres iniciativas de paz (1984-1990, 1999-2001y 2007-2008), y también el alto costo para las FARC en términos de asesinatos de sus líderes, activistas y simpatizantes. A mediados de la década de 1980, muchos líderes de la guerrilla se sumaron al proceso electoral y formaron un partido político (Unión Patriótica.) La cifra de asesinatos de sus cargos electos, a escala nacional y local, líderes, congresistas y tres candidatos presidenciales, además de sus miembros alcanzó la cifra de 5.000 muertos. Tras esta experiencia, las FARC volvieron a la lucha guerrillera en el campo. Diez años más tarde, las FARC estuvieron de acuerdo en negociar con el presidente –en esos momentos Andrés Pastrana— en una zona desmilitarizada. Las FARC celebraron asambleas abiertas, debatieron alternativas políticas de reformas sociales y políticas destinadas a democratizar el Estado, y discutieron sobre las formas privada y pública de propiedad de los sectores económicos estratégicos, con diversos sectores de la sociedad civil. Más tarde, el presidente Pastrana, bajo las presiones de los presidentes Clinton y Bush, rompió las negociaciones y envió a las fuerzas armadas a capturar a los equipos negociadores de alto nivel de las FARC. A pesar de la ayuda y asesoría estadounidense, las fuerzas armadas colombianas no consiguieron capturar a los líderes de las FARC, pero sentaron las bases de la política de tierra calcinada desarrollada luego por el presidente Uribe.

En 2007-2008, las FARC propusieron negociar una liberación mutua de prisioneros políticos en una zona desmilitarizada segura dentro del territorio colombiano. Uribe rechazó la propuesta. El presidente Chávez participó en las negociaciones como mediador. El gobierno francés y otros instaron al presidente Chávez a que demostrase con pruebas que los prisioneros de las FARC estaban vivos, lo que esta organización aceptó. Los tres emisarios que Chávez envió fueron interceptados y permanecen detenidos por los militares colombianos en condiciones penosas. No obstante, las FARC siguieron adelante con la petición de Chávez e intentaron trasladar el primer grupo de prisioneros entregado a los enviados venezolanos y la Cruz Roja, pero fueron atacados por aire por el ejército colombiano, lo que abortó la liberación de los rehenes. Una vez más, más tarde y con riesgos crecientes, consiguieron liberar al primer grupo de prisioneros. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, y el presidente Chávez solicitaron a continuación la liberación de Ingrid Betancourt, ciudadana francesa y colombiana, y ex candidata presidencial. La operación fue saboteada cuando Uribe, con ayuda estadounidense de alto nivel, lanzó una gran ofensiva militar en todo el país, con un programa global de monitoreo que permitió localizar las comunicaciones entre Reyes, Chávez, Kouchner, Larrea y la Cruz Roja.

Fue una misión de alto riesgo la asumida por Raúl Reyes, como mando de más alto nivel implicado en la negociación y coordinación de la liberación de prisioneros, y que condujo a su asesinato. Una serie de presiones externas en favor de la liberación unilateral de prisioneros hicieron que las FARC redujeran su nivel de seguridad. El resultado fue la pérdida de líderes, negociadores, simpatizantes y militantes, sin con ello conseguir la liberación de ninguno de los 500 prisioneros de las FARC que se hallan en prisiones colombianas. Todo el énfasis de Sarkozy, Chávez, Correa y otros estaba puesto en las concesiones unilaterales de las FARC, como si los miembros de éstas que están siendo torturados y agonizan en las cárceles de Uribe no entrasen en cuenta por razones humanitarias.

La posterior cumbre [del Grupo de Río] celebrada en la República Dominicana durante el fin de semana de 8 y 9 de marzo condujo a la condena de la violación por parte de Colombia de la soberanía territorial de Ecuador, pero el gobierno de Uribe, responsable de la invasión, no fue mencionado ni oficialmente sancionado. Además, no se hizo ningún tipo de mención –y mucho menos se mostró ningún tipo de respeto– por la muerte de Raúl Reyes, que ofreció su vida en aras de un intercambio humanitario. Si la reunión en sí misma fue una decepcionante respuesta a una tragedia, el epílogo fue una farsa: un sonriente Uribe atravesó la sala de reuniones y ofreció su mano junto a unas apresuradas excusas a Correa y Chávez, al tiempo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega abrazaba al asesino presidente de Colombia. Con ese gesto vil y cínico, Uribe transformó las denuncias y la movilización militar de la semana anterior por parte de Chávez y Correa en una ópera bufa. La reconciliación posterior a la reunión dio la impresión de que la oposición de éstos mandatarios al ataque transfronterizo y al asesinato a sangre fría de Reyes era un simple teatro político, un mal presagio para el futuro si, como es probable, Uribe repite sus ataques al otro lado de la frontera a mayor escala. ¿Se tomarán en serio el pueblo y las fuerzas armadas de Venezuela y Ecuador otra llamada a la movilización como ésta?

Menos de una semana después de la reunión de reconciliación de Santo Domingo, Chávez y Uribe renovaron un anterior acuerdo militar dirigido a cooperar contra “grupos violentos, cualesquiera que fueran su origen.” Es obvio que Chávez espera que al disociar a Venezuela de toda sospecha de facilitar apoyo moral a las FARC, Uribe pondrá fin al importante flujo de infiltraciones paramilitares a Venezuela y a la desestabilización del país. En otras palabras, las razones de Estado tendrían preferencia ante la solidaridad con las FARC. Lo que sin embargo Chávez debería tener en cuenta es que Uribe no va a cumplir su parte del trato debido a sus vínculos con Washington y la insistencia de éste en la desestabilización del gobierno de Chávez por todos los medios posibles, incluso mediante la infiltración continuada de Venezuela por fuerzas paramilitares colombianas.

Uribe fue capaz de pedir perdón a Correa y Chávez porque el propósito real de su ataque militar era el de destruir la cúpula de las FARC, de cualquier modo y en cualquier lugar, momento y circunstancia posibles, incluso en medio de negociaciones internacionales. Ya mucho antes de la llegada de Chávez y Correa al poder, Washington había puesto un precio de cinco millones de dólares a las cabezas de cada uno de los miembros de la dirección de las FARC. El objetivo primero de Washington en este asunto es la destrucción de las FARC, tal como atestiguan su ayuda militar (6.000 millones de dólares en siete años), el tamaño y la amplitud de su misión de asesoría militar (1.500 especialistas estadounidenses) y la larga duración de su participación en actividades anti insurgentes en Colombia (45 años).

Washington y sus secuaces colombianos estaban dispuestos a asumir el previsible descontento de Correa y Chávez, y la leve reprimenda que iba a recibir por el asesinato del segundo comandante de las FARC. La razón es clara: son las FARC y no los líderes regionales quienes tienen gran influencia en una tercera parte del campo colombiano, es la capacidad político-militar de las FARC la que tiene trabado a un tercio de las fuerzas armadas colombianas e impide que Colombia participe en una acción militar de envergadura contra Chávez a instancias de Washington. Uribe y Washington han presionado a Correa para que corte la mayor parte de las líneas de abastecimiento de las FARC y los campamentos de seguridad de la frontera entre Ecuador y Colombia. Correa asegura que ha destruido 11 campamentos de las FARC y detenido a 11 guerrilleros. Por su parte, la Guardia Nacional Venezolana ha hecho la vista gorda a la persecución militar transfronteriza colombiana de activistas de las FARC entre los campesinos refugiados que se hallan en campamentos en la frontera entre Venezuela y Colombia. La presión de Uribe y Washington ha obligado a Chávez a negar públicamente todo apoyo a las FARC, sus métodos y su estrategia. Las FARC están aisladas internacionalmente –el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano declaró que la fingida reconciliación de Santo Domingo era una gran victoria de la paz— y diplomáticamente, aunque siguen contando con un importante apoyo en el interior del país, en las provincias y el campo de Colombia.

Junto a la neutralización del apoyo exterior o de la simpatía hacia las FARC, el gobierno de Uribe lanzó una serie de ataques sangrientos y amenazas contra todas las fuerzas progresistas y de izquierda, antes durante e inmediatamente después de la reunión de Santo Domingo. En los días siguientes a la marcha Contra los crímenes del Estado de 6 de marzo de 2008, en la que participaron 200.000 personas, cientos de organizadores y activistas fueron amenazados, atacados, seguidos, interrogados y acusados por Uribe por su apoyo a las FARC –una etiqueta proporcionada por el Gobierno—, tras lo cual se produjo el asesinato a manos de los escuadrones de la muerte del principal líder de la marcha y de cuatro portavoces de derechos humanos. Inmediatamente tras esa manifestación masiva, el principal sindicato colombiano, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) informó de varios asesinatos y agresiones entre otros al secretario del sindicato de empleados bancarios, un líder del sindicato de docentes, el secretario de la sección de enseñanza de la CUT y un investigador de un instituto de pedagogía.

En resumidas cuentas, se cuentan 5.000 sindicalistas muertos, dos millones de campesinos expulsados por la fuerza de sus tierras, y éstas robadas por las fuerzas paramilitares de Uribe y los terratenientes. Algunos jefes de escuadrones de la muerte arrepentidos han confesado públicamente que los paramilitares financian y controlan más de un tercio de los diputados elegidos al Congreso que apoyan a Uribe. En la actualidad, 30 de éstos están siendo juzgados por asociación con los batallones de la muerte paramilitares. Asimismo, se ha demostrado que varios de los más cercanos colaboradores de Uribe en el Gobierno tienen vínculos familiares con los escuadrones de la muerte, y dos de ellos se han visto obligados a dimitir.

A pesar de la pésima reputación de Uribe, especialmente en América Latina, éste, con el apoyo de Washington, ha montado una criminal máquina de matar compuesta por 200.000 militares, 30.000 policías, varios miles de asesinos encuadrados en escuadrones de la muerte, y más de un millón de fanatizados colombianos de clases medias y altas que propugnan la liquidación de las FARC, es decir la eliminación de las organizaciones populares independientes de la sociedad civil. Más que cualquier otro de sus antecesores oligarcas a la cabeza del Gobierno, Uribe está próximo a los dictadores fascistas que combinan el terror estatal con la movilización de masas.

La oposición política y los movimientos sociales de Colombia son masivos, comprometidos y vulnerables. Están expuestos a la intimidación cotidiana y al asesinato gangsteril. Por medio del terror y la propaganda masiva, Uribe ha podido imponer su ley hasta hoy sobre la oposición de la clase trabajadora, y atraerse el apoyo de las clases medias. No obstante, ha fracasado en derrotar, destruir o desarticular las FARC, su oposición más consecuente. Cada año, desde su llegada al poder, Uribe se ha comprometido a liquidar a los terroristas mediante peinados militares masivos de regiones enteras del país. Decenas de miles de campesinos de las regiones con presencia de las FARC han sido torturados, vejados, asesinados y expulsados de sus hogares. Cada una de las ofensivas militares de Uribe ha sido un fracaso, pero él en ningún momento admite lo que algunos de sus generales y asesores estadounidenses sostienen: las FARC no pueden ser aniquiladas militarmente, y llegará el momento en que el Gobierno deba negociar.

Los fracasos de Uribe y la persistente presencia de las FARC se han convertido en una obsesión psicótica: todas las limitaciones territoriales, legales e internacionales han sido hechas añicos. En una oscilación emocional que va de la euforia a la histeria, Uribe califica de apoyos de las FARC a todo tipo de crítico, sea colombiano o internacional. En cuanto a Ecuador y Venezuela, ha prometido no invadir sus territorios “a menos que las circunstancias lo exijan.” He ahí su reconciliación.

El periodo de intercambios humanitarios ha acabado y las FARC no pueden ni van a acceder a las peticiones de amigos bien intencionados, especialmente cuando con ello ponen en peligro toda la organización y el liderazgo de su organización. Aceptemos que las intenciones de Chávez eran correctas. Su petición de que se procediera a la liberación mutua de prisioneros podría haber tenido sentido si hubiera estado tratando un político burgués sensible a los líderes y las organizaciones internacionales, y deseoso de crearse una imagen favorable ante la opinión pública mundial. Pero fue muy inocente por parte de Chávez pensar que un político psicótico conocido por sus antecedentes de aniquilación de la oposición iba a descubrir súbitamente las virtudes de la negociación y los intercambios humanitarios. No cabe duda de que las FARC comprenden mejor que sus amigos andinos y caribeños, por su propia y dura experiencia y las amargas lecciones aprendidas, que la lucha armada puede no ser el método deseado, pero es el único modo realista de hacer frente a un brutal régimen fascista.

El asesinato de Raúl Reyes por parte de Uribe no tuvo que ver con las iniciativas de Chávez o la soberanía de Ecuador o la cautividad de Ingrid Betancourt, tuvo que ver con Raúl Reyes, un revolucionario consecuente de toda la vida y líder de las FARC. El miedo a la guerra ha desaparecido, las diferencias han sido camufladas y los líderes han vuelto a sus palacios presidenciales, pero Raúl Reyes no ha sido olvidado, al menos no en el campo colombiano o en los corazones de sus campesinos.

S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.

De entrada, la medida cautelar impuesta en febrero, sin previo aviso a Caracas y tras la demanda formulada por la transnacional ante tribunales de Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda, sentaba a PDVSA en el banquillo aún antes de que «los cargos» se presentaran.

Al querer mantener a «buen recaudo» la exorbitante cifra de las reservas de PDVSA, Exxon estaba cuestionando ya el pundonor de la empresa venezolana, al poner en duda su eticidad para acatar el fallo que emerja del arbitraje pendiente, y que Venezuela no va a rechazar.

Por el contrario: el ministro Rafael Ramírez acaba de reiterar que el litigio presentado por Exxon ante el Centro Internacional de Solución y Controversias sobre Inversiones (una instancia adscrita ante el Banco Mundial) recién comienza ahora. Pero en igualdad de condiciones y no con PDVSA maniatada, como pretendía la transnacional.

Otras aristas del sucio proceder de la compañía estadounidense han puesto al descubierto su prepotencia. Expertos como la calificadora de riesgos JP Morgan estiman que, en todo caso, Exxon podrá aspirar con el arbitraje a una indemnización por dos mil millones de dólares. Ello significa que el dinero inmovilizado era ¡cinco veces más!

Pero hay otras razones importantes para aplaudir el fallo británico. Aceptar la medida derogada habría significado cuestionar la decisión del Estado venezolano de renegociar contratos de explotación del crudo que, como estaban, dejaban las mayores ganancias en manos de las grandes y extorsionadoras compa-

ñías foráneas.

Exxon y eso es lo fundamental no fue expulsada de Venezuela: decidió abandonar las inversiones que tenía en la faja petrolífera del río Orinoco después de frustrar, por su inconformidad, las negociaciones planteadas por Venezuela para establecer convenios de asociación más justos y que dejaran en el país las ganancias de la mayoría de las acciones, como parte de la nacionalización del proyecto de explotación en el Orinoco.

Empresas como Total, Statoil, PetroCanadá, Ineparia y la British Petroleum, entre otras, accedieron y consiguieron los nuevos acuerdos. La británica Conoco Phillips sigue en tratativas. Solo Exxon rompió.

De manera que antes del veredicto de la corte británica, muchos se preguntaban si también se reprendería en lo adelante al resto de las naciones exportadoras, ante la primera diferencia que surja con otra arrogante y caprichosa transnacional.

Semejante amenaza habría quedado abierta sobre países como Bolivia y Ecuador, cuyos ejecutivos toman medidas para imponer tran-

sacciones justas a las compañías extranjeras que explotan el gas y el crudo en sus territorios, e invertir esos ingresos en la búsqueda de la equidad social.

Así, el dictamen del Tribunal de Londres no solo tiene connotaciones legales y financieras, sino políticas.

Tampoco puede soslayarse que las presiones y artimañas de Exxon se dan en un momento en que se recrudecen las amenazas imperiales contra Venezuela y, aunque a algunos pueda parecer una exageración, desprestigiar y cuestionar a la empresa que controla y dirige el mayor y más importante rubro de la economía nacional, tiene visos políticos muy fuertes.

Un remezón en PDVSA no solo afectaría las misiones sociales que las ganancias del petróleo ayudan a financiar, además pondría en peligro a la propia economía venezolana. No por gusto, el paro petrolero fue la opción escogida por la oposición y por Estados Unidos, una vez que se frustró el golpe de abril de 2002.

Exxon Mobil y esto tampoco debe olvidarse, ya ha demostrado su voracidad. Es una de las grandes compañías que se hará de una buena tajada del petróleo de Iraq, tras el cual Bush ha desatado aquella inacabada guerra. En los contratos que el gobierno iraquí firmará este mes, Exxon aspira al campo petrolero de Zubair, descubierto en 1952 en el sur del país, y cuyas reservas se estiman en 6 100 millones de barriles.

No por gusto, un portavoz de la Casa Blanca se atrevió a considerar en febrero que, en el curso de la nacionalización de la industria petrolera venezolana, la Exxon no había tenido «una compensación justa y adecuada, conforme a la práctica internacional».

Semejantes declaraciones no pueden resultar casuales. Recuperar el albedrío sobre los recursos naturales es, sobre todo, un asunto de soberanía nacional, y eso nada tiene que ver con la geoestrategia yanqui.

A fin de otorgar al 14º Dalai-Lama una apariencia de respectabilidad, su banda lo presenta, a él, la antigua figura principal de la servitud feudal de estructura sociopolítica teocrática, como un “representante de la democracia”, pretendiendo que “la democracia ha sido siempre su ideal” y que “ promociona la democracia entre los tibetanos en el exilio”. Todo el mundo sabe que la sociedad humana pasa por tres fases de evolución: teocracia, monarquía y derechos cívicos. Es simplemente ridículo, como mínimo extraño, definir al Dalai-Lama, este símbolo vivo de la teocracia, como un “combatiente de la democracia”.

¿Qué ocurrió realmente en el Tibet, antes de 1959, cuando era gobernado por este Dalai-Lama que pretende que la democracia es su ideal? Antes de 1959, las tierras y los habitantes del Tibet no eran más que feudos de las instituciones de los gobiernos, monasterios y nobles tibetanos locales, es decir, las tres categorías principales de propietarios que apoyaban la servitud feudal tibetana. Constituían menos del 5% de la población total del Tibet. Estas tres categorías principales de propietarios poseían prácticamente la totalidad de las tierras cosechables, de las llanuras, de los bosques, de las montañas, de los recursos acuíferos y del ganado. No sólo estaban habilitados para explotar a sus siervos de manera vampírica, sino que también ejercían un poder de dominio.

Los siervos y los esclavos, que representaban el 95% de la población del Tibet, no disponían de ningún derecho fundamental del hombre y no tenían ninguna libertad. Desde su nacimiento, los siervos pertenecían a un propietario. Su existencia, su muerte y su matrimonio dependían de la voluntad de su propietario. Tratados como ganado, los siervos podían ser vendidos, comprados, transferidos, propuestos como dote, ofrecidos a título de gracia por otros propietarios de siervos, utilizados para apurar deudas o intercambiados por otros siervos. Afín de proteger sus propios intereses, los propietarios feudales de siervos mantenían un sistema social jerárquico y estricto a la vez que ejercían un poder cruel. Los Códigos trece y dieciséis, que fueron utilizados hasta finales de los cincuenta, estipulaban claramente el precio de la vida de las diversas categorías sociales ( que iba desde personas que no valían mas que un vulgar cordaje de paja a otras que valían más caras que el oro). Los gobiernos locales estaban dotados de tribunales y de cárceles, y los grandes monasterios, al igual que los nobles, tenían también su propias prisiones. Bajo esta dictadura cruel, los siervos que osaban rebelarse eran perseguidos según la voluntad de sus señores.

Frecuentemente, eran insultados y abatidos o debían afrontar incluso castigos de una destacada violencia: por ejemplo, se les arrancaban los ojos, se les cortaba la lengua o las orejas, las manos o los pies, se les arrancaban los tendones, a no ser fuesen ahogados o que hechas al vacío desde la cima de un acantilado. Las tres principales órdenes de propietarios obligaban a los siervos a realizar toda una serie de tareas y a pagar un alquiler, les explotaban practicando el desgaste. Los siervos no sólo tenían que garantizar las faenas para las distintas instituciones de los gobiernos locales, los funcionarios y el ejército, sino que además debían trabajar sin recibir ningún salario en el mantenimiento de las cosechas y del ganado en beneficio de sus señores, a la vez que pagaban diversos impuestos. Algunos debían también pagar impuestos y realizar tareas en beneficio de los monasterios.

Estadísticas han demostrado que los impuestos recolectados por los gobiernos locales del Tibet estaban clasificados en más de doscientas categorías y que los trabajos asumidos por los siervos al servicio de las tres órdenes principales de propietarios representaba más del 50% de su trabajo, alcanzando incluso al 70 y 80% en algunos lugares. Antes de la reforma democrática, la suma total del desgaste del Tibet era dos veces más elevado que el de la producción total de siervos. Los tres órdenes de propietarios que dirigían el antiguo Tibet vivían principalmente en las aglomeraciones o en las ciudades como Lhassa. Estaban estrechamente ligadas por intereses comunes. Sus miembros – los funcionarios, los nobles y los monjes superiores de los monasterios – cambiaban a veces de rol para formar las bandas dirigentes poderosas o para decidir los matrimonios entre clanes del mismo rango social con el objetivo de consolidar sus alianzas.

También observaban una regla estricta que estipulaba que las personas de rango elevado debían ser tratados de manera diferente, lo que, tanto en el ámbito ético como en la realidad, consolidaba los privilegios y los intereses de los propietarios de los siervos. Los descendientes de los nobles seguían siendo nobles hasta el final de sus días, pero los siervos, que constituían la mayor parte de la población tibetana, no podían nunca salir de su miserable condición política, económica y social. El elevado grado de concentración de poder y la imposibilidad de pasar de una clase social a otra, iban a llevar directamente a la corrupción y a la degeneración de la case dirigente así como a la estancación y a la decadencia del conjunto del sistema social.

« La integración de la política y de la religión » constituían el fundamento de la servitud feudal del Tibet. Bajo un tal sistema, la religión no era sólo una creencia espiritual sino también una entidad política y económica. En los monasterios, que también se beneficiaban de los privilegios feudales, también existía opresión y explotación. El despotismo cultural reinante bajo esta estructura sociopolítica teocrática no permitía que el pueblo pudiese escoger su propia creencia religiosa, impidiendo una verdadera libertad religiosa. Los siervos no tenían ningún derecho humano, ni siquiera el más elemental, y vivían en la indigencia más extrema. Una décima parte de los jóvenes tibetanos entraban en el monasterio para convertirse en monjes. Al ser impedidos de la producción material y de la reproducción humana, los monjes llevaron esta región a una depresión económica y al declive de la población del Tibet. Con este avasallamiento espiritual y la promesa de la beatitud en una vida ulterior, el grupo privilegiado de monjes y de nobles no sólo privaba a los siervos de su libertad física, sino también de su libertad espiritual.

El Dalai Lama, en esa época principal representante de la servitud feudal tibetana y jefe del gobierno local tibetano, nunca se estorbó de “democracia” o de “derechos humanos”. De hecho, es por el temor a las reformas democráticas que el 14º Dalai Lama y su banda en el poder desencadenaron la rebelión armada en 1959 y ganaron el exilio tras su fracaso. Tras su fuga en el extranjero, la banda del Dalai-Lama siempre mantuvo el marco político de base de la integración de la política y la religión. Según lo que llama “constitución” tibetana, el Dalai-Lama, en tanto que principal figura religiosa, no sólo ejerce la función de “Jefe de Estado y de Gobierno”, sino que también beneficia del poder último de decisión sobre todas las principales cuestiones a las que se ve confrontado su “Gobierno en el exilio”.

Un interesante fenómeno, es que los hermanos y las hermanas del 14º Dalai-Lama han ocupado sucesivamente puestos claves de este “Gobierno en el exilio”, dirigido por su hermano, encargándose así de los departamentos más importantes. Cinco miembros de la familia del Dalai-Lama han sido « bkha’ blon superiores » o « bkha’ blon » (funcionarios de muy alto rango de los gobiernos tibetanos locales del antiguo régimen). La familia del Dalai-Lama y varios familiares controlan el poder político, económico, educacional y militar del “Gobierno en el exilio”, así como sus principales circuitos financieros. Parece ser que, estos últimos años, empiezan a seguir los ejemplos occidentales organizando “elecciones democráticas” y adoptando “la separación de poderes” pero, en realidad, el Dalai-Lama siempre tiene la última palabra, su “Gobierno en el exilio” está todavía estrechamente ligado a la religión y a la función del « bkha’ blon supérieur » que sólo puede ser ejercido por monjes. Poco importa pues la manera en la que la banda del Dalai-Lama se dote de ornamentos democráticos porque, en realidad, constituye todavía una estructura política teocrática y una coalición de monjes y nobles de rango superior.

¿Es posible la “democracia” bajo el poder de una estructura política teocrática formada por monjes y nobles? Hace tiempo que el Tibet y otros elementos de la comunidad tibetana en China han realizado la separación entre política y religión, llevando a cabo reformas democráticas e implantando gobiernos regionales autónomos, comprometidos con la construcción política y democrática del socialismo. Contrastándolo con esta realidad, el discurso vacío sobre la democracia que nos presenta el DalaiLama y sus partidarios internacionales sólo constituye la apariencia barata que exhibe para abusar del público.

Xinhua News Agency (China Daily, 14 novembre 2007, p. 10)

I. Cada cinco segundos un niño menor de diez años muere de hambre o de las consecuencias inmediatas del hambre. Más de 6 millones en 2007. Cada cuatro minutos, alguno pierde la vista debido a la falta de vitaminas A. Son 854 millones de seres que de manera muy grave se alimentan insuficientemente, mutilados por el hambre en forma permanente. [ 1 ]

Eso pasa sobre un planeta que abunda en riquezas. Un hombre de valor y gran competencia, Jacques Diouf, dirige la FAO. El mismo constata que en la fase de desarrollo actual de sus fuerzas de producción agrícolas, el planeta podría alimentar sin problema a 12 mil millones de seres humanos, o sea el doble de la actual población mundial [ 2 ].

Conclusión: esta masacre diaria por el hambre no obedece a ninguna fatalidad. Detrás de cada víctima, hay un asesino. El actual orden del mundo no es solamente criminal. Es absurdo. La masacre bien tiene lugar en una normalidad helada.

La ecuación es simple: cualquiera que tiene dinero come y vive. Quién no tiene sufre, se vuelve inválido o muere. No hay fatalidad. Cualquiera que muere de hambre ha sido asesinado.

II. El mayor número de las personas alimentadas insuficientemente, 515 millones, viven en Asia, donde representan un 24% de la población total. Pero si se considera la proporción de las víctimas, es el África subsahariano quien paga el precio más alto: se alimentan permanentemente de una manera gravemente insuficiente 186 millones de seres humanos, lo que representa un 34% de la población total de la región. La mayoría de ellos sufren de lo que la FAO llama “el hambre extrema”, su ración diaria situándose como media a 300 calorías por debajo del régimen de supervivencia en condiciones soportables.

Un niño que falta de alimentos adecuados en cantidad suficiente desde su nacimiento hasta la edad de 5 años, arrastrará las secuelas de por vida. Por medio de terapias delicadas practicadas bajo supervisión médica, se puede hacer volver de nuevo a una existencia normal a un adulto que se ha alimentado temporalmente de forma insuficiente. Pero a un niño menor de 5 años, es imposible. Privadas de comida, sus células cerebrales habrán sufrido daños irreparables. Régis Debray llama a estos pequeños los “crucificados de nacimiento” [ 3 ].

El hambre y la desnutrición crónica constituyen una maldición hereditaria: cada año, cientos de millares de mujeres africanas alimentadas de forma gravemente insuficiente traen al mundo cientos de millares de niños irremediablemente afectados. Todas estas madres alimentadas insuficientemente y que, sin embargo, dan la vida recuerdan a aquellas mujeres condenadas de Samuel Beckett, que “paren a caballo sobre una tumba… El día brilla un momento, luego es de nuevo la noche” [ 4 ].

Una dimensión del sufrimiento humano está ausente en esta descripción: la de la angustia lancinante e intolerable que tortura a cualquier ser muerto de hambre desde su despertar. ¿Cómo, durante el día que comienza, va a poder garantizar la subsistencia de los suyos, a abastecerse él mismo? Vivir en esta angustia es quizá más terrible aún que aguantar las múltiples enfermedades y dolores físicos que afectan a este cuerpo alimentado insuficientemente.

La destrucción de millones de Africanos por el hambre se efectúa en una especie de normalidad helada, todos los días, y sobre un planeta desbordante de riquezas. En África subsahariano, entre 1998 y 2005, el número de personas que se alimentan de manera gravemente insuficiente aumentó en 5,6 millones.

III. Jean-jacques Rousseau escribió: “Entre el débil y el fuerte, es la libertad quien oprime y es la ley quien libera”. Con el fin de reducir las consecuencias desastrosas de las políticas de liberalización y la privatización practicadas al extremo por los amos del mundo y por sus mercenarios (el FMI, OMC), la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear y volver justiciable un nuevo derecho humano: el derecho a la alimentación.

El derecho a la alimentación es el derecho a tener un acceso regular, permanente y libre, directo o por medio de compras monetarias, a una comida cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, correspondiendo a las tradiciones culturales del pueblo de las cuales es resultante el consumidor, y que garantizan una vida física y psíquica, individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna.

¡Los derechos humanos – desgraciadamente! – no están incluidos en el derecho positivo. Lo que significa que no existe aún ningún tribunal internacional que haría justicia al muerto de hambre, defendería su derecho a la alimentación, velaría por su derecho a producir él mismo sus alimentos o a proporcionárselos por medio de compras monetarias, y protegería su derecho a la vida.

IV. Todo va bien mientras Gobiernos como el del Presidente Luis Inacio Lula da Silva en Brasilia o del Presidente Evo Morales en La Paz movilizan por su propia voluntad los ingresos del Estado, con el fin de garantizar a cada ciudadano su derecho a la alimentación. Sudáfrica es otro ejemplo. El derecho a la alimentación se inscribe en su Constitución. Ésta crea a una Comisión nacional de los derechos humanos, compuesta en paridad por miembros nombrados por las organizaciones de la sociedad civil (iglesias, sindicatos y distintos movimientos sociales) y miembros designados por el Parlamento. Las competencias de la Comisión son amplias. Desde su entrada en función, hace cinco años, la Comisión ya ha obtenido victorias importantes. Puede intervenir en todos los ámbitos que suponen la denegación del derecho a la alimentación: evicción de campesinos de su tierra; autorización otorgada por un municipio a una compañía privada para la gestión del suministro del agua potable, implicando impuestos prohibitivos para los habitantes más pobres; desvío por una compañía privada del agua de riego en detrimento de los agricultores; incumplimiento al control de la calidad de la alimentación vendida en los barrios pobres; etc.

¿Pero cuántos Gobiernos existen, en particular, en el tercer mundo, cuya preocupación prioritaria de cada día es el respeto del derecho a la alimentación de sus ciudadanos? Ahora bien, en los 122 países dichos del tercer mundo viven hoy 4,8 mil millones de los 6,2 mil millones de seres humanos que hoy poblamos la tierra.

V. Los nuevos amos del mundo tienen horror de los derechos humanos. Los temen como el diablo al agua bendita. Ya que está claro que una política económica, social, financiera que consagrara a la carta la realización de todos los derechos humanos rompería, en forma neta, el orden absurdo y fatal del mundo actual y produciría necesariamente una distribución más equitativa de los bienes, satisfaría las necesidades vitales de la gente y la protegería contra el hambre y una buena parte de sus angustias.

En su realización concreta, los derechos humanos personifican pues un mundo completamente distinto, solidario, liberado del menosprecio, más favorable a la felicidad.

Los derechos humanos – políticos y civiles, económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos [ 5 ] – son universales, interdependientes e indivisibles. Son hoy el horizonte de nuestro combate.

*Jean Ziegler es Ponente especial del Consejo de los derechos humanos
de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación; su último
libro es L’Impire de la Honte, 2007 (El Imperio de la Vergüenza).

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[ 1 ] FAO, El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, Roma, 2006

[ 2 ] Alimentar quiere normalmente decir obtener para cada individuo
adulto, cada día, 2.700 calorías.

[ 3 ] Régis Debray y Jean Ziegler, se trata de no volverse, París, Arléa, 1994.

[ 4 ] Samuel Becket, En attendant Godot, París, Editions de Minuit, 1953.

[ 5 ] Un derecho humano colectivo es por ejemplo el derecho a la
autodeterminación o el derecho al desarrollo.

Traducido del francés por Xavier Padilla (xavierpad@gmail.com)

La tasa promedio de derretimiento más que se duplicó entre 2004 y 2006, informó el Servicio Mundial para la Vigilancia de los Glaciares (WGMS, por sus siglas en inglés), con sede en la Universidad Zurich, Suiza.

“Las últimas cifras son parte de lo que parece ser una acelerada tendencia sin fin aparente a la vista”, dijo el director del WGMS, Wilfried Haeberli.

El rápido derretimiento de los glaciares es un claro indicio de que el cambio climático se ha consolidado y millones de personas, si no miles de millones, se verán afectadas, alertó el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Achim Steiner.

Los glaciares alimentan los ríos de los cuales depende la supervivencia de muchas personas: por ejemplo, 360 millones del río Ganges, en India, y 388 del Yangtze, en China. Un menor flujo de agua dificultará el crecimiento de los cultivos en esas zonas y otras partes del mundo.

El rápido derretimiento de los glaciares también produce inundaciones y aumentos en el nivel del mar. En promedio, hay un metro cúbico de agua dulce en cada 1,1 metros de hielo glaciar.

El WGMS ha seguido de cerca la historia de los glaciares y posee información continuada sobre los cambios promedios del grosor de hielo producidos desde 1980, tomando como referencia a 30 de estas gigantescas masas de agua congelada acumuladas en las cimas de las cordilleras.

La pérdida de hielo en 2006 fue particularmente alta, cerca del triple que en 2005. En total desde 1980, los glaciares sufrieron una pérdida neta de 11,5 metros en grosor. Esta reducción es claramente visible en muchas partes del mundo.

Algunos de las más drásticas reducciones se produjeron en Europa. El glaciar Breidalblikkbrea, en Noruega, perdió en grosor cerca de 3,1 metros solo durante 2006. Estudios recientes indican que la mayoría de los glaciares de América del Sur, desde Colombia hasta Chile y Argentina, disminuyen en su volumen en forma acelerada.

Casi todos los glaciares en Estados Unidos también están reduciéndose, señaló William Bidlake, experto del instituto Geological Survey, del noroccidental estado de Washington.

“Ha habido un decline general desde los años 50″, dijo Bidlake a IPS.

Ante el aumento de las temperaturas del planeta, los glaciares se repliegan en las montañas a elevaciones más altas y frías. “Estamos presenciando una situación que no se ha producido en miles de años”, indicó.

Son los glaciares los que mantienen con agua muchos ríos de Estados Unidos durante los meses de verano.

El crudo invierno que experimentaron muchas partes del hemisferio norte este año poco hizo para detener la desaparición de los glaciares, dijo Richard Alley, investigador de la Universidad del Estado de Pennsylvania (noreste).

El clima invernal este año, más frío y con más nieve de lo habitual, llevó a algunos a sugerir que el recalentamiento planetario se había reducido. Pero aun si este año fuera más frío que el anterior, la tendencia general de los últimos 30 años demuestra que las temperaturas están subiendo, explicó.

Los glaciares seguirán derritiéndose. Las continuas pérdidas de hielo en Groenlandia tienen el potencial de aumentar el nivel del mar siete veces, indicó Alley.

Mientras, una importante reunión entre los 20 mayores países emisores de gases invernadero, causantes del recalentamiento planetario, fracasó el domingo en Japón.

Una vez más, las naciones del Norte no llegaron a un acuerdo con las del Sur en desarrollo sobre cómo reducir las emisiones. Los principales países industrializados más los emergentes como China, Brasil, India e Indonesia son responsables por cerca de 80 por ciento de todas las liberaciones de gases invernadero.

Sólo faltan 18 meses para la próxima reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizará en Copenhague, y en la que los gobiernos deberán acordar un nuevo régimen para la reducción de emisiones cuando venza en 2012 el Protocolo de Kyoto, único instrumento actual contra el recalentamiento planetario.

Científicos en todo el mundo sostienen que este nuevo régimen debería reducir las emisiones entre 25 y 40 por ciento para 2020, pues sólo así se podría evitar un efecto catastrófico en el planeta.

Si no se logra un acuerdo internacional en 2009, “como los glaciares, nuestro espacio de maniobra y la oportunidad de actuar simplemente se desvanecerán”, alertó Steiner.

La base, situada unos 230 kilómetros al sudoeste de Quito, en una ciudad portuaria sobre el océano Pacífico, fue cedida en 1999 y por 10 años a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur.

Un alto oficial militar ecuatoriano, que pidió no divulgar su nombre, aseguró a IPS que “una buena parte de los mandos” tienen “la convicción de que Estados Unidos fue cómplice del ataque” lanzado el 1 de marzo en territorio de Ecuador contra el campamento que las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tenían muy cerca de la frontera colombiana.

“Desde el año 2000, cuando se inició el Plan Colombia, se consolidó una alianza estratégica de Estados Unidos y Colombia, primero para combatir a la insurgencia y luego para involucrar a los países vecinos en esa guerra. Lo que ocurre hoy es una consecuencia de aquello”, aseguró el militar.

El Plan Colombia es ejecutado por Bogotá para combatir a la insurgencia y el tráfico de drogas, con apoyo y financiación de Estados Unidos.

Para el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, se debe investigar si la base de Manta fue utilizada para el ataque y, según el convenio firmado por Washington y Quito, corresponde a las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizar esa auditoría.

El convenio entre Ecuador y Estados Unidos establece que las instalaciones de Manta sólo pueden destinarse al control antinarcóticos.

Sandoval aclaró que no podía divulgar ningún detalle hasta que esa investigación se llevara a cabo.

Pero la fuente militar aseguró a IPS que se deben “ubicar sobre todo los vuelos salidos de la base durante los veinte días anteriores al bombardeo, quiénes iban a bordo, sus rutas y qué investigaban, y complementarlo con otras indagaciones y antecedentes”.

El jueves 13, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador dijo que había sostenido “una conversación con la embajadora (estadounidense) Linda Jewell, y nos ha asegurado que los aviones allí presentes no han tenido ningún involucramiento” en el ataque.

Pero la fuente militar aseguró que “la tecnología utilizada, primero para detectar el blanco, o sea el campamento, y luego para atacarlo, es de Estados Unidos”.

El ministro Sandoval ha dicho que en el bombardeo se emplearon “equipos que no tenemos las fuerzas armadas latinoamericanas”.

“Arrojaron más o menos cinco ‘smart bombs’ (bombas inteligentes)” utilizadas por Estados Unidos en la guerra del Golfo (1991) “con una precisión impresionante” y un margen de error de un metro “de noche, en aviones a gran velocidad”, agregó.

La fuente militar consultada por IPS dijo que “un ataque con bombas ‘smart’ exige que los pilotos tengan experiencia en ese tipo de operativos, y quienes la tienen son los norteamericanos (estadounidenses). Por eso creo que ellos hicieron el trabajo y luego le dijeron a los colombianos ‘ahora vayan a buscar los cuerpos’, entonces aparecieron los helicópteros y las tropas colombianas” en el lugar, sostuvo.

La versión oficial del gobierno de Colombia, reseñada por una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó ambos países, afirma que se emplearon 10 bombas “convencionales”, lanzadas desde cinco aviones Super Tucano, de fabricación brasileña, y desde tres A-37, estadounidenses.

Los A-37 “lanzaron bombas guiadas por GPS (Sistema de Posicionamiento Global, satelital)” y los “cinco Super Tucano disponen de medios tecnológicos suficientes para lanzar bombas a objetivos con un margen de error de cinco metros”, indica el informe de la OEA.

Acuerdo con las fuentes de IPS, el papel estadounidense podría ser incluso mayor en el episodio que acabó con la vida de Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y de otras 24 personas y que llevó a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá.

La fuente militar dijo a IPS que los pilotos que condujeron el bombardeo en la provincia ecuatoriana y amazónica de Sucumbíos “eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp”, proveedora de equipamiento bélico y mercenarios, que tiene contratos en el marco del Plan Colombia.

Esas aeronaves salieron de la Base Aérea de Tres Esquinas, en el sureño departamento colombiano de Caquetá, dijo el oficial.

“Los aviones utilizados para fumigar las plantaciones de coca o para atacar a la guerrilla son pilotados por militares norteamericanos en servicio o al servicio de empresas como DynCorp”, aseguró el militar.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que su gobierno no permitirá “que afecte suelo patrio ningún soldado extranjero, sea regular o irregular. Por eso en el 2009 las bases extranjeras se terminarán”.

El convenio sobre Manta finalizará el 12 de noviembre de 2009, pero la presencia de militares estadounidenses en esa base y puerto ecuatorianos puede prolongarse un año más, hasta 2010.

“Luego del periodo inicial de diez (10) años, cualquiera de las partes podrá denunciar este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de notificación”, establece el convenio.

Una comisión de la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el lunes el capítulo sobre soberanía territorial de la futura carta magna.

Uno de sus artículos afirma que “Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras”.

Si Ecuador quiere poner fin a la cesión de Manta debería denunciar el convenio ahora, dijeron a IPS fuentes diplomáticas.

Podrían alegarse “muchas causas: a participación directa o indirecta (de fuerzas estadounidenses de Manta) en el bombardeo, la negligencia por no haber detectado con su tecnología el campamento de las FARC, primero, y el ataque, después, y, en caso de haberlo hecho, por no haber informado a las autoridades del país socio, que es Ecuador”, alegaron las fuentes.

Otra razón en la que podría fundarse la denuncia ecuatoriana es el apoyo directo prestado por el Comando Sur de Estados Unidos, del cual depende Manta, a las Fuerzas Armadas de Colombia.

El jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, dijo el 6 de este mes ante el Comité de los Servicios Armados del Senado de su país que estaba monitoreando el movimiento de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia la frontera con Colombia.

“Con el continuo apoyo de Estados Unidos, Colombia está a punto de ganar la paz y hacer irreversibles sus exitosos avances contra el terrorismo”, dijo y aseguró que esa guerrilla “ha sido reducida ahora a unos 9.000 combatientes, de los 17.500 que eran en 2002″. Stavridis visitó Colombia en febrero.

En julio de 2001, el coronel retirado Fausto Cobo, ex director de la Escuela de Guerra del ejército ecuatoriano, había dicho a IPS que “Manta, para el propósito del Plan Colombia”, es un “portaaviones en tierra de Estados Unidos”.

Hasta abril de ese año, cuando empezaron los trabajos para ampliar la pista de Manta, un promedio de 100 efectivos participaban en hasta tres misiones diarias utilizando el avión espía F3.

Una fuente diplomática de Estados Unidos anunció entonces al diario británico The Financial Times que para octubre se sumarían 200 efectivos más y otros tantos en los meses subsiguientes.

Luego de la ampliación, se comenzaron a utilizar aviones más grandes y sofisticados para misiones de reconocimiento.

Manta es una de las cuatro “ubicaciones de operaciones de avance”, junto con Curaçao, Aruba y El Salvador, que forman la red estadounidense de bases antidrogas en América Latina y el Caribe.

En agosto de 2006, el diario Expreso de Guayaquil informó que pilotos colombianos operaban en conjunto con pilotos ecuatorianos en vuelos desde la base de Manta.

El comandante del escuadrón de aviones Awacs (Sistema Aéreo de Alerta y Control, por su sigla en inglés) de Manta, Rich Boyd, aseguró al periódico que un oficial colombiano pilotaba una de esas aeronaves.

Según Boyd, cuando se volaba sobre Ecuador, el colombiano se retiraba de la cabina de tripulación para no acceder a información confidencial de este país. De modo análogo, cuando se sobrevolaba territorio de Colombia, el ecuatoriano era quien se apartaba, con igual propósito.

De acuerdo con Boyd, de los 27 aviones Awacs que poseía Estados Unidos, tres estaban en Manta. Cada aparato cuesta 1.000 millones de dólares, casi el doble del presupuesto de la Fuerza Aérea ecuatoriana en 2005.