chamosaurio

En la misiva, dirigida al editorialista Jackson Diehl, recuerda que en los últimos años el Washington Post ha hecho una cobertura hostil, distorsionada e imprecisa sobre Venezuela. “Previamente le comunicamos nuestra alarma con respecto a la redacción y los reportes poco balanceados sobre Venezuela durante el período 2000-2006, los cuales evidenciaron análisis parcializados y falsos juicios en lo que respecta al gobierno del Presidente Chávez y los eventos que se desarrollan en el país. No obstante, desde entonces, esta tendencia del Post ha empeorado”, señala Izarra.

Indica además que, durante el año pasado, 98% de los editoriales de ese diario estadounidense sobre Venezuela fueron negativos y agresivos, manejando informaciones falsas o manipuladas. “Por ello, nos vemos forzados a creer que el Washington Post está promoviendo una agenda en contra de Venezuela y en contra de su presidente electo democráticamente, Hugo Chávez”.

En un análisis detallado de la página editorial, el periodista venezolano resalta que en el año 2007, en ocho ocasiones distintas los editoriales del Washington Post utilizaron calificativos como “déspota” y “dictador” para referirse al Presidente Chávez, mientras que en siete oportunidades se caracterizó al gobierno venezolano como “dictadura”, “régimen represivo” o una forma de “autoritarismo”.

Alerta Izarra que estos juicios no son solamente falsos, sino también extremadamente peligrosos, ya que “el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado tales clasificaciones para justificar guerras, intervenciones militares, golpes de estado y otras técnicas de cambio de régimen, a lo largo de las últimas décadas”.

Luego de estas denuncia, Izarra agrega que lejos de ser una dictadura, el gobierno venezolano tiene el índice más alto de popularidad en la historia contemporánea del país y el Presidente Chávez ha ganado tres elecciones presidenciales con victorias avasallantes, así como otros procesos electorales importantes, incluyendo el referendo revocatorio contra su mandato en agosto del año 2004, el cual ganó con una clara mayoría de 60 a 40.

En su carta al encargado de la página editorial, el ministro enumera algunos de los logros del gobierno del Presidente Hugo Chávez que no han sido reflejados por el Post, entre ellos, la inclusión de la mayoría de la población pobre del país en la toma de decisiones claves, la creación de los consejos comunales que gobiernan de manera local y el incremento en la participación de votantes, que representan “signos claros de una democracia vibrante y abierta”.

Continuando con su análisis de los editoriales del diario estadounidense, Izarra subraya que en más de ocho ocasiones, los editoriales del Washington Post hicieron referencia errónea al proyecto de reforma constitucional presentado en diciembre, como si éste le permitiera al Presidente Chávez “gobernar indefinidamente” o convertirse en “un presidente de facto de por vida”, cuando la reforma constitucional no buscaba la supresión de las elecciones y, por el contrario, de haberse aprobado, “los venezolanos podían aún haber tenido el derecho y el deber de nominar candidatos y votar por ellos en un proceso electoral transparente”.

En este sentido, Izarra considera interesante que el Washington Post no haya hecho una acusación similar en contra del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cuando ejerció acciones para reformar la Constitución y permitir así la reelección para un segundo mandato en el 2004 y ahora nuevamente se busca una modificación para poder llevar a cabo un tercer período. “¿Dónde están las quejas del Washington Post por la dictadura y el gobierno de facto de por vida en Colombia?”, pregunta Izarra.

Una amenaza directa al pueblo venezolano
En la carta enviada a Diehl, el ministro Izarra denuncia también que el Washington Post ha manipulado y censurado información sobre el crecimiento económico en Venezuela, describiendo las medidas económicas del gobierno como “excéntricas y desastrosas”, sin reflejar, por ejemplo, que la pobreza extrema ha disminuido a la cifra más baja de todos los tiempos: 9.4% (2007), en comparación con un 42.5% en 1996.

Izarra observa que el periódico tampoco ha reflejado avances positivos como el incremento sustancial del salario mínimo -al punto de llegar a ser uno de los más altos en el mundo en vías de desarrollo-, la reducción significativa de la deuda pública y el incremento de la inversión en la industria de producción agrícola de la nación.

En cambio, “sus editoriales se han dedicado a acusar al Presidente Chávez de comprometerse en una “carrera armamentista” (en cuatro ocasiones), “violar los derechos humanos” (en tres ocasiones), “facilitar/refrendar el tráfico de drogas” (seis veces) y “promover una agenda anti-americana” (seis veces). Lo peor de todo es que, a pesar de las declaraciones de Chávez sobre lo contrario, el Washington Post continúa perpetuando el mito peligroso de que Chávez es un “antisemita”, “alineado con naciones o grupos terroristas” (nueve veces)”.

Por ello, Izarra recuerda a Diehl que los Estados Unidos están llevando a cabo actualmente una guerra internacional contra el terrorismo. “Dentro de ese marco, la administración Bush ha declarado de forma clara que aquellas naciones asociadas con -o amistosas con- Estados o grupos terroristas pueden ser objeto de una invasión preventiva o una intervención. ¿Ese es el fin que está buscando para Venezuela?”.

Para sustentar sus afirmaciones, Izarra cita el editorial de fecha 15 de febrero del 2008, titulado “Mr. Chavez Bluff”, el cual constituye una convocatoria a un boicot al petróleo venezolano, un acto que afectaría tanto al pueblo de Venezuela como al pueblo de los Estados Unidos. “A través de los aplausos del Washington Post a las tácticas mafiosas de una de las corporaciones más ricas del mundo, Exxon Mobile, es evidente que su lealtad descansa sobre las ganancias corporativas, por encima de los derechos del pueblo”.

Izarra también refiere que el editorial del 5 de marzo del 2008, que llevó por título “Allies of Terrorism” (Aliados del Terrorismo), más que una mera crítica a las políticas de Presidente Chávez, es una amenaza directa al pueblo de Venezuela.

Indica el ministro que al aceptar a priori, sin investigación o verificación, unos documentos que según se dice fueron encontrados en una computadora que habría pertenecido a Raúl Reyes de las FARC, el Washington Post imprudentemente condena a Venezuela y Ecuador como naciones que promueven y protegen el terrorismo y justifica la más violatoria, injuriosa y peligrosa doctrina de Bush de los tiempos modernos: la guerra preventiva.

“Al comparar la violación de Colombia a la soberanía de Ecuador con un ataque de los Estados Unidos a Al Qaeda, el Washington Post penosamente valida la más irracional de las guerras en la historia y hace un llamado a su expansión hacia Latinoamérica. Encontramos extremadamente preocupantes la defensa de la violación de la soberanía de Ecuador y la satisfacción que muestran hacia estas tácticas agresivas e ilegales, junto con la advertencia de que Venezuela está en “peligro”, escribe Izarra.

Finalmente, el periodista venezolano recuerda que pasaron los días en los que el Washington Post fue un bastión genuino del reportaje investigativo y la búsqueda de la verdad, pues ahora se ha convertido en “nada más que un tabloide que sirve a intereses especiales”.

La carta concluye señalando que los nobles principios que Eugene Meyer imaginó para el Washington Post en 1935, han sido violados por editores como Diehl, “quien ha escogido promover una agenda personal nociva en lugar de asegurar la grandeza de su periódico”.

Anexo: Carta Original

Jackson Diehl
Deputy Editor, Editorial Page
The Washington Post
1150 15th Street NW
Washington, DC 20071
25 de marzo del 2008

Estimado Mr. Diehl,

Durante los últimos años le hemos informado nuestra preocupación con respecto a la cobertura hostil, distorsionada e imprecisa que se ha hecho sobre Venezuela en su periódico, particularmente en la página editorial del mismo.

Previamente le comunicamos nuestra alarma con respecto a la redacción y los reportes poco balanceados sobre Venezuela durante el período 2000-2006, los cuales evidenciaron análisis parcializados y falsos juicios en lo que respecta al gobierno del Presidente Chávez y los eventos que se desarrollan en el país. No obstante, desde entonces, esta tendencia del Post ha empeorado.

El año pasado fueron escritos más editoriales sobre Venezuela que en años anteriores, 98% de los cuales fueron negativos y agresivos, con información falsa o manipulada. Por ello, nos vemos forzados a creer que el Washington Post está promoviendo una agenda en contra de Venezuela y en contra de su presidente electo democráticamente, Hugo Chávez.

Durante el último año, al referirse al presidente Chávez, los editoriales del Washington Post han utilizado los calificativos de “hombre de fuerza”, “autócrata”, “payaso”, “errático”, “déspota” y “dictador” en ocho ocasiones distintas y en siete oportunidades se ha hecho referencia a su gobierno como “dictadura”, un “régimen represivo” o una forma de “autoritarismo”. Estos juicios no son solamente falsos, sino también extremadamente peligrosos. El gobierno de los Estados Unidos ha utilizado tales clasificaciones para justificar guerras, intervenciones militares, golpes de estado y otras técnicas de cambio de régimen, a lo largo de las últimas décadas.

Lejos de ser una dictadura, el Gobierno del Presidente Chávez tiene el índice más alto de popularidad en la historia contemporánea de Venezuela y ha ganado tres elecciones presidenciales con victorias avasallantes, así como otros procesos electorales importantes, incluyendo un referendo revocatorio contra su mandato en agosto del año 2004, el cual ganó con una clara mayoría de 60 a 40.

Hugo Chávez es el primer presidente en la historia de Venezuela en incluir a la mayoría de la población pobre del país en la toma de decisiones claves y en la elaboración de políticas públicas. La creación de los consejos comunales, que gobiernan de manera local, y el incremento en la participación de votantes, son signos claros de una democracia vibrante y abierta, demostrando así que Venezuela está lejos de ser una dictadura.

Las inexactitudes y distorsiones de la página editorial del Washington Post se extienden más allá de la mera descalificación al Presidente Chávez. Más de once ocasiones los editoriales han asegurado de manera falsa que el Presidente “controla los tribunales y los medios televisivos”. Venezuela tiene cinco poderes, autónomos entre sí por mandato constitucional: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano. A diferencia de los Estados Unidos, donde se permite al Poder Ejecutivo nombrar los jueces de la Corte Suprema, en Venezuela, los magistrados del Tribunal Supremo son elegidos a través de un proceso de selección y votación en la Asamblea Nacional. El Poder Ejecutivo en Venezuela no juega ningún rol en la asignación de los jueces de los tribunales. Los medios de comunicación en Venezuela continúan siendo controlados mayoritariamente por el sector privado, a pesar de lo que afirma la página editorial del Washington Post.

De igual manera, en más de ocho ocasiones, los editoriales del Washington Post hacen referencia errónea al proyecto de reforma constitucional presentado en diciembre, como si éste le permitiera al Presidente Chávez “gobernar indefinidamente” o convertirse en “un presidente de facto de por vida”. La reforma constitucional buscaba la supresión del límite de períodos electorales, pero no las elecciones. Los venezolanos hebrían mantenido el derecho y el deber de nominar candidatos y votar por ellos en un proceso electoral transparente.

Es interesante que el Washington Post no haya hecho acusación similar en contra del Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, cuando ejerció acciones para reformar la Constitución y permitir así la reelección para un segundo mandato. Uribe tuvo éxito en el año 2004 y nuevamente está intentando ando una modificación para aspirar a un tercer período. ¿Dónde están las quejas del Washington Post por la dictadura y el gobierno de facto de por vida en Colombia?

El Washington Post también ha manipulado y censurado gravemente información sobre el crecimiento económico en Venezuela. Dos veces, publicaciones recientes en la página editorial describieron las medidas económicas del gobierno como “políticas económicas excéntricas y desastrosas”. Bajo las políticas económicas de Chávez, la pobreza extrema ha alcanzado la cifra más baja de todos los tiempos: 9,4% (2007), en comparación con un 42,5% en 1996. El desempleo ha sido reducido a 6,9% (2007), de 16,6% en 1998.

Durante el gobierno de Chávez, el salario mínimo se ha incrementado sustancialmente, al punto de llegar a ser uno de los más altos en el mundo en vías de desarrollo, y ha habido una reducción significativa de la deuda pública. Igualmente, Chávez canceló la deuda al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y se ha incrementado la inversión en la industria de producción agrícola nacional.

Sin embargo, el Washington Post no refleja ninguno de estos avances positivos y progresistas. En cambio, sus editoriales se han dedicado a acusar al Presidente Chávez de comprometerse en una “carrera armamentista” (en cuatro ocasiones), “violar los derechos humanos” (en tres ocasiones), “facilitar/refrendar el tráfico de drogas” (seis veces) y “promover una agenda anti-americana” (seis veces). Lo peor de todo es que, a pesar de las declaraciones de Chávez sobre lo contrario, el Washington Post continúa perpetuando el mito peligroso de que Chávez es un “antisemita”, “alineado con naciones o grupos terroristas” (nueve veces).

Mr. Diehl, usted debe saber que los Estados Unidos están llevando a cabo actualmente una guerra internacional contra el terrorismo. Dentro de ese marco, la administración Bush ha declarado de forma clara que aquellas naciones asociadas con -o amistosas con- Estados o grupos terroristas pueden ser objeto de una invasión preventiva o una intervención. ¿Ese es el fin que está buscando para Venezuela?

El editorial de fecha 15 de febrero del 2008: “Mr. Chavez Bluff”, va un paso más allá. La pieza es una pura y simple convocatoria a un boicot al petróleo venezolano, un acto que afectaría irremediablemente tanto al pueblo de Venezuela como al pueblo de los Estados Unidos. A través de los aplausos del Washington Post a las tácticas mafiosas de una de las corporaciones más ricas del mundo, Exxon Mobile, es evidente que su lealtad descansa sobre las ganancias corporativas, por encima de los derechos del pueblo.

Su más reciente editorial del 5 de marzo del 2008, “Allies of Terrorism” (Aliados del terrorismo), más que una mera crítica a las políticas de Presidente Chávez; es una amenaza directa al pueblo de Venezuela. Al aceptar a priori -sin absolutamente ninguna investigación o verificación- unos documentos que según se dice fueron encontrados en una computadora que habría pertenecido a Raúl Reyes de las FARC, el Washington Post imprudentemente condena a Venezuela y Ecuador como naciones que promueven y protegen el terrorismo y justifica la más violatoria, injuriosa y peligrosa doctrina de Bush de los tiempos modernos: la guerra preventiva. Al comparar la violación de Colombia a la soberanía de Ecuador con un ataque de los Estados Unidos a Al Qaeda, el Washington Post penosamente valida la más irracional de las guerras en la historia y hace un llamado a su expansión hacia Latinoamérica. Encontramos extremadamente preocupantes la defensa de la violación de la soberanía de Ecuador y la satisfacción que muestran hacia estas tácticas agresivas e ilegales, junto con la advertencia de que Venezuela está en “peligro”.

Estamos indignados con el contenido de la página editorial del Washington Post sobre Venezuela. El Post fue una vez el bastión genuino del reportaje investigativo y la búsqueda de la verdad. Esos días pasaron y el Washington Post se ha convertido ahora en nada más que un tabloide que sirve a intereses especiales. Los nobles principios que Eugene Meyer imaginó para el Washington Post en 1935, que incluían “decir la verdad tan cerca a como la verdad pueda ser confirmada”, “decir TODA la verdad tanto como se pueda aprender, en lo relativo a los asuntos importantes para América y el mundo” y “el periódico no será el aliado de ningún interés especial, pero será justo, libre y sano en sus perspectivas sobre los asuntos públicos y las personas públicas” han sido violados por editores como usted, Mr. Diehl, quien ha escogido promover una agenda personal nociva en lugar de asegurar la grandeza de su periódico.

Sinceramente,

Andrés Izarra
Periodista
Ministro de Comunicación e Información
República Bolivariana de Venezuela

MinCI

Así lo sostuvo el director de la Agencia Periodística del Mercosur (APM), del Observatorio de Medios de APM y del Portal de Estudios en Comunicación y Periodismo (PECyP), Víctor Ego Ducrot, en un artículo publicado el pasado 19 de marzo.

Ducrot señala: ‘El resultado de la reunión en la capital venezolana fue pre anunciado por el informe que la SIP divulgó en octubre pasado’.

Respecto de Venezuela, la SIP dijo “la libertad de expresión e información que periodistas y medios de comunicación independientes ejercen y defienden es un valor que el que gobierno intenta suprimir definitivamente”.

Al referirse a Ecuador, la SIP sentenció que “en este período el presidente Rafael Correa mantuvo en general una actitud de beligerancia contra la prensa. Un juicio contra el director de diario La Hora y un texto legal para prohibir la difusión de ciertos videos fueron los acontecimientos más preocupantes”.

Continúa el artículo: ‘En su campaña desinformativa -especialidad que perfeccionó la SIP cuando defendió a capa y espada las dictaduras que asolaron nuestra región en décadas pasadas- la entidad que en la actualidad preside Earl Maucker criticó que el 21 de mayo último el presidente Correa haya pedido a llevar a la justicia “a los medios que atenten contra la verdad”.

‘Insólita recriminación esa, pues con esa innovación el presidente Correa no hace otra cosa que cumplir con sus obligaciones constitucionales. Todo el sistema jurídico contemporáneo, comenzando por la legislación y la práctica judicial estadounidense, faculta a los ciudadanos a protegerse con la ley frente a conductas mediáticas tergiversadoras’, señaló Ducrot en su escrito.

También indicó: ‘Los más recientes debates teóricos y políticos en el ámbito de la comunicación social propugnan el estricto cumplimento del derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados, derecho que tiene, entre otros, los siguientes enemigos concretos: la manipulación, la desinformación y la mentira sistemática por parte de los grandas corporaciones periodísticas, y la concentración de medios y recursos tecnológicos en pocas y transnacionalizas manos.

Respecto de cómo algunos medios defendidos con ahínco por la SIP han aplicado sus concepciones de guerras mediáticas contra los actuales gobiernos de Venezuela y Bolivia, por ejemplo, nos remitimos a recomendar la lectura de los informes del Observatorio de Medios de APM (www.prensamercosur.com.ar), como así también los valiosos trabajos sobre esas prácticas en Argentina que produce la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA).

Sobre Argentina, el informe de octubre último de la SIP dice: “El clima de libertad de prensa se ve deteriorado por la obsesiva tendencia del gobierno hacia la uniformidad de pensamiento, sin dar lugar al pluralismo de ideas. Los funcionarios de primera línea rehúyen de las conferencias de prensa y del diálogo directo con los periodistas”.

“Medios de comunicación y asociaciones de periodistas argentinos expresaron su crítica por ser excluidos de las conferencias de prensa o de los actos públicos que realiza la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el propio presidente Néstor Kirchner en su giras por Europa o Estados Unidos, aceptando en cambio entrevistas sólo con la prensa extranjera”.

Respecto de eso dos párrafos, la SIP es desmentida por sus propios socios de Argentina, el conjunto de medios poderosos que, en bloque, ofrecen líneas editoriales adversas al gobierno, sin que éste haya tomado una sola medida legal o ilegal contra ellos.

Además, en ¿qué manual o desarrollo teórico sobre periodismo se afirma que las conferencias de prensa a cargos de los propios mandatarios o lo contactos directos de éstos con los medios son condiciones necesarias para que en el país que se trate rija la libertad de prensa?

Cada gobernante y cada ciudadano tienen el derecho inalienable de relacionarse con la prensa en la forma que lo crea correcto o conveniente, conforme a la ley vigente. A lo que sí están obligados los Estados democráticos es a informar sobre sus actos y, en ese sentido, decenas de diarios, semanarios y canales de televisión, cientos de emisoras de radio e incontables medios electrónicos argentinos informan a diario y al instante sobre lo que sucede en el país, sin que ningún acto de censura haya sido promocionado por el gobierno nacional.

La SIP pone el acento sobre la supuestas discriminaciones en las pautas publicitarias del Estado argentino, reclamos las más de las veces falsos de medios y empresarios que, por sus apoyos a dictaduras y gobernantes condenados por delitos de lesa humanidad, deberían ser sometidos a la Justicia.

Ahora bien, el propio informe de la SIP sobre Argentina resalta que: “el fallo de la Corte ha fijado criterios objetivos sobre la racionalidad y los recaudos para evitar la discriminación en la distribución de la publicidad oficial. La sentencia considera que el gobierno de la provincia de Neuquén obró arbitrariamente al reducir sensiblemente la publicidad oficial con ese medio de prensa en diciembre del 2002 y suprimirla en enero del 2003″.

Si los tribunales y la propia Corte Suprema de un país adoptan decisiones como la citada -demostración fehaciente del funcionamiento del Estado de Derecho-, en qué se apoya la SIP para poner en duda la vigencia de la liberta de prensa. En nada, simplemente se trata de una mentira más.

En su último informe, de octubre de 2007, la SIP también acomete contra Brasil. Dice: “Hay preocupación sobre iniciativas aisladas que afectan a la libertad de prensa con amenazas, ataques, abusos y delitos cometidos contra periódicos e medios de comunicación. La prensa brasileña enfrenta reiteradas amenazas contra la libertad de expresión comercial representada por las gestiones de una agencia reguladora, Anvisa, para que se legisle el contenido publicitario mediante decretos administrativos que ignoren la Constitución”.

Por supuesto que esas imputaciones no tienen apoyatura fehaciente, ya que la propia SIP no pudo ofrecer prueba alguna de actos gubernamentales brasileños que violen la legislación del país.

Nunca está de más resaltar que las “preocupaciones” de la SIP por la prensa sólo se refieren a los intereses comerciales, económicos y financieros de las grandes corporaciones mediáticas y a la condena sistemática de todo gobierno o proyecto de Estado transformador y democrático, surgido de las voluntades populares.

Otro blanco permanente de la SIP son lo medios públicos, los que, más allá de sus imposibles imperfecciones mientras los Estados de la región no asuman en forma definitiva su defensa irrestricta y una concepción amplia sobre los mismos, conforman la mejore herramienta para hacer realidad el derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a informar y estar informados.

Por ejemplo, nada dijo la SIP sobre las irregularidades de una decisión judicial adoptada en la provincia argentina de Mendoza, donde el lobby de un grupo privado, sospechado de vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas anticubanas de Miami, logró sacar del aire al Canal 7 de la televisión pública nacional, en un acto que no cuenta con sostén jurídico alguno. Es que la SIP forma parte de ese entramado antidemocrático.

En este artículo fueron citados los casos de Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil porque sin duda las campañas sistemáticas de la SIP contra esos países serán utilizadas en los próximos días para manipular la situación regional, de cara a la firme decisión adoptada por los mismos en la última cumbre del Grupo Río, en defensa de Ecuador ante las agresiones de Colombia y Estados Unidos.

En Argentina, al igual que en el resto de los países de área, los grandes medios asociados a la SIP ya lanzaron sus campañas desinformativas, en conjunción con las maniobras y presiones diplomáticas de Washington, propiciatorias de la extensión del llamado Plan Colombia y de un escenario bélico en América de Sur’, finaliza el artículo de Ducrot.

A finales de este mes la SIP realizará en Venezuela la Reunión de Medio Año, después de sortear sus organizadores.

El hijo de Sonia, J.J. Santiago, de 30 años, estuvo en Irak como soldado, donde fue contaminado con uranio reducido y ahora recibe una pésima asistencia médica, como sucede, según ella, con la mayoría de los veteranos.

Para evitar posibles represalias contra el hijo de Sonia, aquí se identifica como J.J. Santiago.

—¿Cómo es el reclutamiento de los jóvenes para las Fuerzas Armadas de Norteamérica?

—En el año 2002, el presidente George W. Bush firmó la ley Ningún niño quede rezagado, que supedita los fondos escolares y universitarios para permitirle a los reclutadores entrar a las instituciones educativas y acceder a la base de datos confidencial de los jóvenes entre 16 y 25 años. La administración Bush ha destinado, al año, 44 mil millones de dólares a los centros de reclutamiento, donde le dicen a los jóvenes que si firman un contrato, por cuatro años, le entregan 20 mil dólares. Lo que no les dicen es que son cuatro años activos y otros cuatro años inactivos. Mienten al decirles que no irán a los escenarios de guerra. La ley tiene la cláusula 9.528 que permite que la familia o el joven le informe al director escolar que no quieren que la información confidencial sea dada a los reclutadores.

—Cada vez hay más latinos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿por qué sucede esto?

—Existen unas normas administrativas que permiten a quienes están de manera ilegal en Estados Unidos firmar el contrato militar a cambio de la ciudadanía. No menos de 2.000 jóvenes se han inscrito a través de este programa. También porque existe mucha pobreza. Las guerras la declaran los ricos y las pelean los hijos de los pobres, éste es el perfil más común de los soldados.

—J.J. Santiago estuvo en la guerra durante 18 meses, ahora sufre de osteoartritis, osteoporosis, tiene dos discos herniados y está discapacitado, ¿cómo ha sido la asistencia médica?

—El apoyo ha sido mínimo porque a los hospitales para veteranos se les han reducido los fondos económicos, por lo tanto, no están preparados para recibir la avalancha de jóvenes que regresan de los campos de batalla. Existen más de un millón 200 mil veteranos de las guerras de Irak y Afganistán (…). En Puerto Rico solo hay un hospital para veteranos, sin el personal ni el equipo médico requerido.

—Según usted denuncia su hijo fue contaminado con uranio reducido, ¿cómo ha sido el tratamiento?

— Mi hijo apenas tiene 30 años y su osteoporosis y osteoartritis se traduce en dolor permanente en las articulaciones. Ambas enfermedades son condiciones conocidas como resultado del uranio reducido, que no reconoce Estados Unidos. El padre del actual Presidente ordenó lanzar 350 toneladas de uranio reducido en la primera incursión en el Golfo Pérsico (1990-1991), lugar que estará contaminado unos 4,5 mil millones de años. El tratamiento es pésimo. Se tiene que levantar a las cuatro de la mañana para hacer fila en el hospital para veteranos.

—¿Qué sentía usted mientras su hijo estuvo en la guerra?

—En mi casa no se podía prácticamente dormir, colocamos teléfonos en toda la casa y casi ni salíamos. Sospechábamos que a su regreso iba a estar tan marcado por la experiencia bélica, que no iba a tener el cerebro en su sitio para poder estudiar y, lamentablemente, así ha sido.

—¿Cómo le describió la guerra?

—Me denunciaba la presencia de empresas trasnacionales norteamericanas e inglesas. Me ha hablado acerca de cómo era posible que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, fundador de Halliburton, representaba a la misma empresa que suministraba los equipos militares, por cierto, algunos defectuosos. Los primeros que denuncian la guerra iraquí son los soldados que han regresado.

—¿Cree usted que de llegar Barack Obama a la presidencia pueda haber un cambio en relación con Irak?

—Tanto Barack Obama, como Hillary Clinton, tienen un discurso que ni es claro ni es lo suficientemente contundente como para decir que si ganan las elecciones hoy, mañana las tropas estarán de regreso. La guerra es sumamente lucrativa, con accionistas de Wall Street representados en el Congreso de Estados Unidos.

—Un informe oficial norteamericano, publicado el año pasado, indicó que el presidente Bush mintió más de 900 veces sobre Irak. ¿Cree usted que existen muchas ambigüedades en la lucha contra el terrorismo?

—Tengo dos hipótesis, la primera: Bush usó la excusa de las armas de destrucción masiva y la relación de Irak con los ataques contra las Torres Gemelas como excusa para reivindicar la imagen de su padre (el ex presidente George Bush) que no pudo concluir con aquella primera incursión en el Golfo Pérsico. Segundo: la familia Bush es petrolera y sus recursos provienen de esta actividad, además, en Estados Unidos existe un déficit energético y por lo tanto se invade Irak para incautar el petróleo presente en la zona.

El Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos informó en septiembre de 2007 que durante 2006 se produjeron 1,41 millones de delitos violentos en Estados Unidos, cifra que supone un aumento del 1,9% respecto al año anterior. Las estadísticas dadas a conocer por el FBI muestran que en 2006, el número de asesinatos y homicidios involuntarios en Estados Unidos se incrementó en un 1,8%, mientras que el número de robos creció un 7, 2% (FBI: Release its 2006 Crime Statistics, FBI, http://www.fbi. gov/pressre1/pressre107/cius092407.htm). En ese mismo año, los residentes estadounidenses de 12 años de edad o mayores experimentaron 25 millones de delitos violentos y robos, lo que suponía 24,6 delitos violentos por cada 1.000 personas de este grupo de edad y 159,5 delitos contra la propiedad por cada 1.000 hogares. Un total de 26 de cada 1.000 varones del mismo grupo de edad fueron objeto de crímenes violentos, mientras que se registraron 23 víctimas por cada 1.000 mujeres. La cifra de los afectados se situó en 33 por cada 1.000 ciudadanos afroamericanos, más alta que los 23 por cada 1.000 habitantes de raza blanca ( Criminal Victimization 2006, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj.gov/bjs). En Estados Unidos, se cometió un crimen violento cada 22,2 segundos, un asesinato cada 30,9 minutos, una violación sexual cada 5,7 minutos, un robo cada 1,2 minutos, y un asalto con daños físicos cada 36,6 segundos (FBI Release its 2006 Crime Statistics, FBI, http://www.fbi.gov/ pressre1/pressre107/cius092407.htm).

Un estudio realizado por el Foro de Investigación sobre Ejecución policial en 163 ciudades de Estados Unidos muestra que el 65% de ellas registró un incremento o ningún cambio en los índices de homicidios durante el primer semestre de 2007. Al mismo tiempo, el 41,9% de las ciudades sufrió un incremento o ningún cambio en el número de asaltos agravados, mientras el porcentaje fue del 55,6% de las ciudades en materia de los índices de robos ( Survey Shows Shift in Violence, USA Today, 12 de octubre de 2007). En Nueva Orleans se produjeron 209 asesinatos en 2007, cifra que suponía un aumento del 30% respecto al año anterior (New Orleans Homicides up 30% Over’ 06 Level, USA Today, 3 de enero de 2008). En Washington D.C. se registraron 181 homicidios en 2007, con un incremento del 7% en comparación con el año anterior (Killings in D.C. up After Long Dip, The Washington Post, 1 de enero de 2008). En Baltimore el número de homicidios se situó en los 282 en 2007 ( City Marks First’08 Slaying, The Baltimore Sun, 2 de enero de 2008) , mientras en Nueva York se cometieron 428 asesinatos en los primeros 11 meses de 2007 (City Homicides Still Droping, to Under 500, The New York Times, 23 de noviembre de 2007). Entre enero y septiembre, en Chicago se cometieron 119.553 delitos criminales, incluidos 341 asesinatos y 11.097 robos (Departamento de Policía de Chicago, http://www.egov.cityofchicago.org). De enero a noviembre, 737 personas fueron asesinadas en Los Angeles, cifra que suponía que dos personas murieron cada día por esta causa ( World Daily, 4 de diciembre de 2007). En Detroit, el creciente número de crímenes violentos obligó a muchos residentes a trasladarse a otros lugares, y las estadísticas del Buró de Censos mostraron que la población de la ciudad ha disminuido en cerca de un millón de habitantes desde 1950 (Study: Detroit Most Dangerous City, Associated Press, 18 de noviembre de 2007).

Estados Unidos cuenta con el mayor número de armas de propiedad privada del mundo. Las frecuentes violencias con armas de fuego han provocado serias amenazas para la vida de los ciudadanos y la seguridad de sus propiedades. Se estima que hay 250 millones de armas de fuego de propiedad privada en el país norteamericano, lo que significa que casi todos los ciudadanos estadounidenses, incluso los ex criminales con antecedentes por delitos graves y los menores, poseen armas. La agencia Associated Press (AP) informó el 29 de enero de 2007 de que alrededor de 410.000 residentes de Florida tenían licencia para llevar un arma legalmente escondida, entre ellos, se incluían 1.400 personas que habían sido declaradas culpables o estaban a la espera de sentencia firme por causas relacionadas con crímenes mayores, debido a lagunas jurídicas, errores judiciales y falta de comunicación entre las autoridades.

En Estados Unidos, los abusos de poder por parte de los departamentos judiciales y policiales han dado lugar a graves violaciones de las libertades y los derechos de sus ciudadanos.
Los casos en los que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley vulneraron los derechos civiles de las víctimas aumentaron en un 25% desde el año fiscal 2001 a 2007 respecto a los siete años anteriores, según estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Police Brutality Cases up 25%; Union Worried Over Dip in Hiring Standards, USA Today, 18 de diciembre de 2007). El promedio nacional de quejas de ciudadanos por abusos perpetrados por los departamentos policiales es de 9,5 por cada 100 funcionarios de plantilla (The New York Times, 14 de noviembre de 2007). Sin embargo, la mayoría de los oficiales encargados de la aplicación de la ley que habían sido acusados de brutalidad policial no fueron finalmente procesados. Desde mayo de 2001 a junio de 2006, un total de 2.451 agentes policiales de Chicago recibieron entre 4 y 10 quejas cada uno y 662 de ellos afrontaron más de 10 reclamaciones, pero sólo 22 fueron sancionados. Además, algunos agentes llegaron a acumular más de 50 demandas por abuso policial pero nunca se les aplicó ninguna medida disciplinaria (The Chicago Police Department’s Broken System, Universidad de Chicago, http://www.law.chicago.edu). El 17 de agosto de 2006, una residente de 52 años de edad de Chicago llamada Dolores Robare estuvo a punto de ser atropellada por un coche de policía que se desplazaba a gran velocidad cuando ella cruzaba la calle. Los agentes la obligaron a detenerse y le exigieron que mostrara su tarjeta de identificación. Cuando les preguntó por qué estaban tardando tanto en comprobarla, fue brutalmente golpeada por los polícías (The Chicago Tribune, 1 de mayo de 2007). El 15 de diciembre de 2006, cuatro hombres de negocios fueron apaleados en un bar por seis agentes policiales fuera de servicio sin ninguna razón aparente (The Chicago Tribune, 9 de junio de 2007). El 3 de agoso, un ciudadano afroamericano de 42 años de edad, Geffrey Johnson, fue asesinado en su casa por la policía con un Taser (arma que realiza descargas eléctricas). El 6 de agosto, un joven negro de 18 años, Aaron Harrison, fue disparado por la espalda por un policía que le perseguía y murió como consecuencia de las heridas (The Chicago Tribune, 9 de agosto de 2007). El 1 de mayo cuando inmigrantes latinoamericanos participaban en una campaña por la defensa de los derechos de los inmigrantes ilegales en el Parque MacArthur en el centro de Los Angeles, varios agentes policiales aporrearon en un abuso de poder tanto a manifestantes como a periodistas, y les dispararon con balas de goma (The Los Angeles Times, 9 de octubre de 2007). El 12 de noviembre, cinco agentes del orden realizaron 20 disparos de bala contra un joven de 18 años, Khiel Coppin, de los que ocho alcanzaron su cuerpo, frente a su vivienda, después de confundir un peine que tenía en la mano con una pistola (The China Press, Nueva York,19 de noviembre de 2007). De acuerdo con un informe publicado en octubre de 2007 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 47 estados y el Distrito de Columbia, 2.002 personas fallecieron durante el proceso de arresto desde 2003 a 2005, entre ellos, 1.095, o el 55 por ciento, resultaron muertos por disparos de policías locales o estatales (Death in Custody Statistical Tables, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj.gov/bjs).

Estados Unidos cuenta con el mayor número de presos en el mundo y tiene la tasa más alta en la proporción presos-población del planeta. El 5 de diciembre de 2007, un reportaje de la agencia de noticias española EFE citó estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos que mostraban que el número de reclusos en las cárceles del país norteamericano aumentó en un 500% durante los últimos 30 años. A finales de 2006, había 2,26 millones de internos en las prisiones de Estados Unidos, un incremento del 2,8% respecto al año anterior. Esta cantidad es la más alta de los últimos seis años. La población del país norteamericano sólo suponía el 5% de la del planeta, pero su población presa representaba el 25% del total mundial. Había 751 reclusos por cada 100.000 ciudadanos estadounidenses, muy por encima de las tasas de otros países occidentales (EFE, 5 de diciembre de 2007). El 96% de los presidiarios estaba cumpliendo penas de más de un año, lo que suponía que casi uno por cada 200 ciudadano estadounidenses estaban cumpliendo este tipo de sentencias (Prisoners In 2006, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ofp.usdoj. gob/bjs). Desde los ataques del 11 de septiembre, la tasa de reencarcelamiento ha venido creciendo en Estados Unidos. Según las estadísticas, cerca de dos tercios de la población presa cometerían un segundo delito en un período de tres años después de su puesta en libertad. Dos de cada tres presos volverían a ser detenidos después de haber conseguido su libertad y el 40% de ellos entraría en la cárcel de nuevo.

Los abusos en las prisiones estadounidenses son también corrientes. De acuerdo con un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2007, un número estimado de 60.500 reclusos, o el 4,5% de los presos en cárceles estatales y federales, sufrieron uno o más ataques sexuales. El 2,9% informó haber sufrido incidentes en los que había estado involucrado el personal de las instalaciones penitenciarias, mientras el 0,5% afirmó haber sido atacado sexualmente por otros presos y por el personal penitenciario, y el 0,8% resultó herido como resultado de agresiones sexuales (Sexual Victimization in the State and Federal Prisons Reported by Inmates, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj. gov/bjs). El gobierno de Estados Unidos reconoció en un informe publicado el 16 de enero de 2007 que inmigrantes ilegales sospechosos fueron maltratados en cinco prisiones, lo que supone una violación del principio de custodia humanitaria (The Washington Post, 17 de enero de 2007). The Washington Post publicó el 17 de diciembre de 2007 que jóvenes encarcelados en una prisión juvenil de West Texas fueron agredidos sexualmente o apaleados y se les negó el acceso a tratamiento médico. A quienes informaron sobre el crimen se les aplicó una dura venganza, y la situación no había mejorado meses después de que el escándalo fuera revelado ( Dad Dismissed Prison Reform, The Washington Times, 17 de diciembre de 2007). En enero de 2008, siete presos de la cárcel del estado de Georgia presentaron una demanda colectiva en la que acusaban a los guardias y otros funcionarios del centro de haber cometido abusos y torturas contra ellos entre octubre de 2005 y agosto de 2007, incluyendo prácticas tales como golpearles con bastones policiales y “guantes de pelea” especiales de piel negra, y hacer chocar sus cabezas contra la pared. Las informaciones de los medios de comunicación indicaban que cerca de 40 encarcelados en las prisiones de Georgia habían presentado quejas por casos similares, en los cuales los guardias presuntamente ataban a los presos desnudos a camas o sillas de hierro, negándoles el acceso a comida, agua o baño durante un período de hasta 48 horas, y provocando la muerte de dos presos (International Herald Tribune, 8 de enero de 2008). Los guardias en las prisiones de Estados Unidos usan regularmente pistolas Taser. De acuerdo con un informe de 2007 de Amnistía Internacional, 230 ciudadanos estadounidenses murieron por el uso de este tipo de armas desde 2001. En julio de 2006, una prisión en el condado de Garfield, Colorado, fue acusada de utilizar regularmente estas pistolas o pulverizadores de pimienta contra los presos, y de atarles después a sillas en posturas extrañas durante varias horas. En agosto, un preso llamado Raul Gallegos-Reyes fue amarrado a una silla por los guardias de la cárcel del condado de Arapahoe de Colorado por gritar y golpear la puerta de su celda. Murió después de haber sido atacado repetidamente por los guardias con un Taser.

Los prisioneros estadounidenses mueren con frecuencia de la infección de VIH/SIDA o una inadecuada atención médica. Un informe dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en septiembre de 2007 señalaba que había 22.480 encarcelados en prisiones estatales y federales que eran portadores del VIH o enfermos confirmados de SIDA a finales de 2005, entre ellos un total de 5.620 presos se confirmó que habían desarrollado la enfermedad del SIDA. Durante 2005, un número estimado de 176 reclusos estatales y 27 federales murieron por causas relacionadas con SIDA (HIV in Prisons 2005, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj/bjs). De acuerdo con una información de Los Angeles Times del 20 de septiembre de 2007, se registraron 426 casos de muerte en las prisiones de Cailfornia en 2006 debido a un tratamiento médico tardío. De ellos, 18 fallecimientos fueron considerados como “evitables” y otros 48 como “posiblemente evitables”. El 14 de abril de 2007, un recluso diabético de 41 años de edad, Rodolfo Ramos, murió después de haber sido abandonado solo y cubierto por sus propias heces durante una semana. Los funcionarios de la prisión no le proporcionaron tratamiento médico pese a conocer su condición (AP, 27 de abril de 2007).
La justicia del sistema judicial de Estados Unidos está cada vez más en entredicho. Varios estudios muestran que desde la primera exoneración por ADN en 1989, ha habido 209 casos en los que se ha podido demostrar la inocencia de presos en el país norteamericano por estas pruebas. El promedio de duración del tiempo que han servido estos presos exonerados en cárcel es de 12 años. La edad media en el momento de su condena era de 26 años, y 15 de los exonerados a través de pruebas de ADN pasaron un tiempo en la fila de la muerte (Facts on Post-Conviction DNA Exonerations, Innocence Project, http://www.innocentproject.com). La agencia AP informó el 3 de enero de 2008 que Charles Chatman de Texas fue probado inocente por ls prueba de ADN después de haber pasado 26 años en prisión. En 1981, había sido sentenciado a 99 años de cárcel después de ser declarado culpable de haber cometido graves ataques sexuales. Fue el decimoquinto preso exonerado por la prueba de ADN en Dalas desde 2001 (Texas Man Exonerated by DNA After 26 Years, AP, 3 de enero de 2008).

III. Sobre los derechos civiles y políticos
13.03.2008 Actualizado a las 10:21:02

La libertad y los derechos de los ciudadanos han venido viéndose marginalizados en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes y el Senado del Congreso de Estados Unidos aprobaron la Ley para la Protección de Estados Unidos 2007, el 3 y el 4 de agosto del mismo año respectivamente. Esta ley permite a la administración estadounidense espiar las conversaciones de sospechosos terroristas en Estados Unidos sin una autorización de la corte. Además, permite a los servicios de inteligencia mantener bajo vigilancia electrónica las comunicaciones digitales entre sospechosos terroristas fuera del país norteamericano, si éstas son transmitidas a través del país ( The so-called Protect America Act, http://public.findlaw.com, 10 de agosto de 2007). De acuerdo con un reportaje publicado por The Washington Post el 10 de marzo del mismo año, el FBI obtuvo de manera indebida la información personal de más de 52.000 personas sin la supervisión de la corte, mediante el uso de Cartas de Seguridad Nacional de 2003 a 2005. Verizon Communications, la segunda mayor compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos, reveló que el FBI le pidió proporcionar información para identificar no sólo a las personas que realizaron una llamada, sino también a toda la gente a que los clientes llamaron. Desde enero de 2005 a septiembre de 2007, Verizon proporcionó información a las autoridades federales en 720 ocasiones “bajo el argumento de ser una emergencia”. Los archivos incluyen direcciones de protocolo de Internet y datos telefónicos. En ese periodo, Verizon entregó información en un total de 94.000 ocasiones a las autoridades federales protegidas con un comparendo o una orden de la corte. La información fue utilizada principalmente en un rango de investigaciones criminales incluidas las antiterroristas (The Washington Post, 16 de octubre de 2007). En agosto de 2007, Mike McConnell, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, reveló que menos de 100 personas dentro de su país son supervisadas con la autorización de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Sin embargo, dijo, miles de personas fuera del país son supervisadas (AP, 23 de agosto de 2007). El FBI destinaría 1.000 millones de dólares para construir la mayor base de datos informatizada de características físicas de personas del planeta, llamada Identificación de Próxima Generación, un proyecto que le daría al gobierno estadounidense habilidades sin precedentes para identificar individuos en Estados Unidos y el extranjero. El uso creciente de biometría para la identificación ha generado cuestiones sobre la capacidad de los estadounidenses para evitar exámenes profundos no deseados (FBI Prepares Vast Database of Biometrics, The Washington Post, 22 de diciembre de 2007). Las estadísticas muestran que la captura de información y vigilancia electrónica ilegal del gobierno ha puesto la información personal sensible de millones de personas en riesgo. Tan sólo en 2006 fueron encontradas 477 violaciones en las bases de datos del gobierno. Se informó que más de 162 millones de archivos habían sido perdidos o robados en 2007, cifra que triplicó los 49,7 millones que se declararon como extraviados en 2006 (Página web de USA Today, 10 de diciembre de 2007). En julio de 2007, el Departamento de Seguridad Nacional asignó más de cuatro millones de dólares para instalar 175 cámaras de vídeo en las calles de las ciudades de Saint Paul, Madison (en el estado de Wisconsin) y Pittsburgh. También destinó centenares de millones de dólares para instalar nuevos sistemas de vigilancia en todo el país, aumentando con ello la percepción de una “sociedad vigilada” (The Boston Globe, 12 de agosto de 2007).
El derecho de los trabajadores a sindicarse ha sido restringido en Estados Unidos. Se informó que el número de miembros de sindicatos disminuyó en 326.000 en 2006, con lo que el porcentaje de empleados afiliados a sindicatos descendió del 20% en 1983 al 12% en la actualidad. La resistencia de los patrones impidió al 53% de los trabajadores no sindicados incorporarse a un sindicato ( Sharp Decline in Union Members in ’06, The New York Times, 26 de enero de 2007). De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, cuando las tiendas Wal-Mart enfrentaron el proceso de sindicación, la compañía infringió la ley con frecuencia, por ejemplo, escuchando a hurtadillas a los trabajadores, utilizando cámaras de vigilancia para observar sus actividades y despidiendo a aquéllos que estaban a favor de los sindicatos (Report Assails Wal-Mart Over Unions, The New York Times, 1 de mayo de 2007).
En Estados Unidos, el dinero es la “leche materna” de la política, mientras las elecciones son “juegos” de los adinerados, destacando la hipocresía de la democracia norteamericana, lo cual puede corroborarse en las elecciones presidenciales de 2008. El ” umbral financiero” para participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos se ha vuelto cada vez más alto. Al menos 10 de los 20 candidatos de los grandes partidos que están buscando la presidencia en las elecciones generales en 2008 son millonarios, de acuerdo con un reportaje de EFE publicado el 18 de mayo de 2007. Por su parte, AFP informó el 15 de enero de 2007 que las elecciones presidenciales de 2008 sería las más costosas en la historia. Los gastos de la última campaña presidencial en 2004, considerada la cúspide en su momento, fueron de 693 millones de dólares. Se estima que los gastos totales de este año se aproximarán a los 1.000 millones de dólares, y la revista Fortune elevó recientemente su proyección de los gastos totales a 3.000 millones. Un importante candidato presidencial del Partido Demócrata reunió un total de 115 millones de dólares en 2007, mientras otro candidato también importante del mismo partido recaudó 103 millones. A su vez, un candidato republicano declaró que su campaña tuvo 12,7 millones de dólares, mientras otro aspirante a la Casa Blanca del mismo partido, un acaudalado hombre de negocios, informó de que usó 17 millones en la suya. The New York Times informó el 26 de noviembre de 2007 que frente a las desmesuradas diferencias con los Demócratas en la recaudación de fondos, los funcionarios del Partido Republicano han reclutado agresivamente candidatos adinerados que pueden gastar grandes sumas de su propio dinero para financiar sus campañas por las elecciones del Congreso. Algunos republicanos de buena posición económica ya han invertido cada uno de 100.000 a un millón de dólares. En el distrito electoral número 20 de Nueva York, se estimó que cada candidato gastaría por lo menos tres millones de dólares.

Esta “carrera de dinero” ha permeado varios tipos de elecciones en Estados Unidos. De acuerdo con cifras de instituciones pertinentes, en los años 2005 y 2006, los candidatos de las cortes superiores estatales reunieron más de 34 millones de dólares a través de donaciones para sus campañas. En una campaña en Pennsylvania para elegir a dos nuevos miembros de la Corte Suprema Estatal, los candidatos judiciales rompieron récords de recaudación de fondos, consiguiendo 6.8 millones de dólares (USA Today, 5 de Noviembre de 2007). Después de ganar las elecciones, algunos miembros del Congreso procuraron garantizar los intereses de los donantes de su campaña. De acuerdo con una nota publicada por The Washington Post el 10 de diciembre de 2007, el monto de las asignaciones que el líder de la Mayoría de la Cámara de Representantes patrocinó en los proyectos de gastos del Congreso para 2008, tanto individualmente como con otros legisladores, alcanzó los 96 millones de dólares. Una asignación sola llegó a 9. 8 millones de dólares. Dichas asignaciones de fondos incluyen muchas que beneficiarían a los donantes de su campaña. Cuando el proyecto de gastos de 471.000 millones de dólares del Pentágono fue aprobado en noviembre de 2007, un legislador del estado de Pennsylvania dijo en una emisión noticiosa que él había ayudado a garantizar ocho millones de dólares en financiación para siete compañías en su distrito en el área de Pittsburgh, incluidas las compañías que contribuyeron a su campaña. Además, 20 nuevos miembros del Congreso aseguraron asignaciones para grupos de intereses especiales. La financiación fluctúa entre ocho millones y 18 millones de dólares (“Earmarks” Analysis Shows Money Follows Power, USA Today, 12 de diciembre de 2007).
Para buscar más sus intereses, algunas compañías han pagado viajes de algunas de las importantes personalidades políticas y otros empleados del gobierno. Los archivos muestran que legisladores aceptaron viajes gratuitos por un valor acercano a 1, 9 millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2007, más que en todo 2006 (Limits Don’t Slow Trip Perks for U.S. Lawmakers, USA Today, 24 de octubre de 2007). Según otra nota publicada por este mismo periódico el 23 de agosto de 2007, en una revisión de más de 600 informes de viajes de funcionarios del gobierno federal durante un periodo de 12 meses, se encontró que más de 200 viajes fueron financiados por compañías o grupos de negocios relacionados. La jefa de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo y su predecesor realizaron desde 2002 cerca de 30 viajes que fueron pagados en su totalidad o en partes por asociaciones de negocios o fabricantes de productos. Los gastos totalizaron los 60.000 dólares.

Lo anterior presenta pocas complicaciones. Es obvio que no fueron los funcionarios chinos quienes organizaron el incendio de varias tiendas en un mercado de Lhasa, la capital de la región autónoma del Tíbet. Al contrario: el Gobierno central pretendía que el nuevo aniversario de la rebelión tibetana de 1959 contra el régimen comunista fuera conmemorado con la mayor discreción posible. Tampoco tiene sentido debatir cuál es la reacción más apropiada ante desórdenes callejeros. Cuando de la calle se apodera la muchedumbre, cualesquiera que sean sus motivos, el deber sagrado de todo régimen es atajar con los métodos más drásticos cuanto amenace a la vida y a la propiedad de la gente y frenar los disturbios. Habrá tiempo luego para deliberaciones. Los kirguises, por poner aquí un ejemplo, siguen sin perdonar a su primer presidente Askar Akáev, quien optó por renunciar al poder y abandonar la capital en medio de pogromos similares en Bishkek.

Lo que todavía suele pasar desapercibido en la cotidianeidad es un nuevo fenómeno de envergadura histórica y global, a saber, la aparición de un budismo agresivo o, por decirlo en términos más suaves, políticamente activo, por absurda que parezca esta combinación de palabras. La esencia del budismo consiste en no oponer resistencia al mal, escapar de la violencia y el sufrimiento, renunciar a ellos. Los monjes budistas prefieren no arar la tierra por miedo de perjudicar casualmente a alguna lombriz. Es gracias a este carácter que la doctrina ha cobrado hoy una popularidad extraordinaria fuera del mundo budista. Aparentemente, el budismo ha logrado evitar los errores históricos de la religión cristiana con sus hogueras de la Inquisición y su apología de guerras y conquistas. Tampoco tiene sectas extremistas, de ésas que hacen a mucha gente poner el signo de igualdad entre el Islam y el terrorismo. En resumidas cuentas, parecía hasta hace poco una religión ideal, la cual contribuía al mayor prestigio de la “civilización budista” existente en China, Japón, Tailandia y otros muchos países.

En los años 60 del siglo pasado estaba de moda entre los intelectuales soviéticos discutir, si un hombre del bien debe o no debe ser también un hombre de puños. La cuestión en sí es complicada pero un budismo de puños es algo inimaginable en principio. Dejaría de ser budismo.

Hace algunos meses vimos a monjes budistas en el epicentro de los choques callejeros en Myanmar y ahora podemos divisarlos en los acontecimientos que tuvieron lugar en Lhasa. El hecho merece atención, cuando menos, porque la mera hipótesis de que puede haber una corriente extremista en el budismo significaría un cambio inesperado y muy serio de carácter global.

Deberíamos hacer, por supuesto, muchas salvedades y dejar claro que la noción general del budismo es una cosa, y las peculiaridades, otra muy distinta. Si uno profundiza en la historia del Asia, podrá encontrar allí numerosos detalles interesantes, entre ellos, el amplio protagonismo político de líderes budistas en la corte de algunos emperadores chinos, en los siglos VII y VIII, y las campañas de persecuciones contra ellos en otros períodos. Otra particularidad consiste en que el lamaísmo tibetano no es más que una parte de la religión budista, lo mismo que los chiíes iraníes representan solamente a un sector del mundo islámico. Los disturbios del año pasado en Myanmar y los pogromos en Lhasa son dos acontecimientos que, formalmente, no pueden tener relación alguna en cuanto a la organización porque los budistas carecen de jerarquía global, a excepción del Tíbet.

Tampoco está probado que precisamente los monjes, en Rangún o en Lhasa, hayan actuado como instigadores de los disturbios callejeros. Suele hacerlo otra clase de personas, con el uso de tecnologías que son conocidas, mientras que los monjes y otros civiles se ven relegados habitualmente a la condición de chivos expiatorios. Repitamos que los desórdenes en Lhasa se iniciaron a raíz de los incendios, los cuales provocaron también el mayor número de muertos y damnificados. Tampoco faltaron peleas con las fuerzas del orden en cuyas filas hay aproximadamente tantos afectados como entre la población. Ni siquiera las autoridades chinas, a juzgar por todo, tienen actualmente una noción clara acerca de quiénes han sido los primeros en empezar y cuál es la responsabilidad de cada bando.

En una situación como ésta, resulta prematuro para sacar conclusiones pero sí podemos ya intentar escribir una novela de acción cargada de connotaciones políticas. La trama de una novela así se irá vislumbrando más tarde; lo esencial ahora es empezar con un panorama general de los acontecimientos. Y aquí tiene un trasfondo: China y el continente asiático, en general, van cobrando importancia internacional con demasiada rapidez y hay pocos instrumentos para ralentizar este proceso. China tiene dos puntos vulnerables: la región de Xinjiang, poblada por uigures musulmanes, y la del Tíbet, de población budista. En un principio, Xinjiang parecía ser el escenario ideal pero jugar con extremistas musulmanes queda mal a día de hoy y, encima, ya resulta incómodo hacerlo desde el territorio de Afganistán. También está la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) cuya componente antiterrorista cubre al oeste de China, dado que los Estados miembros tienen frontera con Xinjiang.

Lo único que queda para nuestra novela de acción es el Tíbet y el budismo, sobre todo, porque un porcentaje considerable de la población china abraza la misma religión. Conste, además, que el líder de los budistas tibetanos, Dalai Lama, vive en exilio desde 1959. Y que a lo largo del planeta existe una multitud de asociaciones budistas creadas vaya a saber por quién ni para qué. El debilitamiento del régimen birmano, por cierto, también forma parte de la política de disuasión frente a China. Al final de la novela podríamos contar cómo se forma una versión budista de Al Qaeda y, poco a poco, va escapando al control de sus creadores. Lo mismo que su arquetipo creado otrora para luchar contra la URSS. Una novela así, a mi modo de ver, podría ser un exitazo de ventas.

Por muchos años no pudieron realizarse en Chile verdaderas investigaciones históricas sobre el período, ni publicarse un solo libro medianamente objetivo, o serio, acerca del presidente y su gobierno. Como nunca debe olvidarse, los milicos fascistas y sus aliados civiles requisaron y quemaron la casi totalidad de los libros “políticos” escritos y publicados antes y durante la Unidad Popular, tanto en las bibliotecas públicas como en las privadas que consiguieron asaltar; al tiempo que, durante los 17 años de su espurio gobierno, ejercieron un férreo control y censura sobre la publicación de todo tipo de libros, especialmente de historia, ciencias sociales, teoría política, filosofía social, etc. Se trataba, obviamente, de “secuestrar la historia” de Allende y su gobierno, en la acertada expresión de Vásquez Montalbán; es decir, de ocultar o falsificar la realidad de lo ocurrido en cada uno de aquellos “mil días” de la Unidad Popular, al tiempo que se silenciaban sus logros y se denigraba la imagen de su líder máximo.

En razón de la mencionada adulteración y censura las primeras obras biográficas o testimoniales sobre Allende y el golpe, escritas por personas estrechamente asociadas a él, sólo comienzan a aparecer en Chile a partir de mediados de 1980, es decir, en el mismo momento en que hacen su entrada en la escena política chilena las masivas y exitosas “protestas” en contra de la dictadura. Entre estas obras se cuentan, en primer lugar, el libro de Osvaldo Puccio: “Un cuarto de Siglo con Allende. Recuerdos de su Secretario Privado”(1985) publicado en nuestra lengua cuando su autor ya había fallecido en su exilio alemán; seguido de “El Chicho Allende”, de Carlos Jorquera (1990); “Allende. Visión de un militante”, de Jaime Suárez B. (1992); y posteriormente “El último día de Salvador Allende”, del cardiólogo del Presidente, el doctor Oscar Soto. (1999) . La primera biografía del presidente, en cualquier lengua, titulada Salvador Allende, fue escrita por el historiador ruso J. Lavretski a los pocos años del golpe, pero a pesar de que fue traducida y publicada en español, ya en 1978, por la Editorial Progreso, de Moscú, permaneció fuera del alcance de la mayoría de los lectores chilenos.

A esta breve, aunque importante lista de libros testimoniales, vienen a agregarse hoy las “Memorias” de Ozren Agnic, que cubren los años en que fuera secretario privado de Allende (1957 a 1965), así como sus experiencias como observador participante durante los años de gobierno popular, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Banco de Concepción, sus traumáticos 22 meses como preso político de la dictadura, hasta su final expulsión del país en junio de 1975.

Como es imposible comentar cada uno de los aspectos, temas y pasajes de este libro de 322 páginas, nos limitaremos a reseñar aquellos puntos que nos parecen más novedosos y relevantes, o allí donde se destacan mejor las contribuciones de su autor al conocimiento del presidente, así como a la historia del movimiento y el gobierno popular.

El libro de Agnic se inicia con un relato de su primer encuentro con Allende en 1952, mientras cursaba el cuarto año de humanidades, que recuerda las experiencias de otros hombres que, antes y después, fueron atraídos por la personalidad y propuestas políticas de este gran líder carismático. Cinco años después de aquel encuentro, Agnic es “enrolado” por Allende para que trabaje con él en la campaña presidencial de 1957, y posteriormente lo nombra su secretario privado en el Senado.

Este libro no sólo es un interesante y revelador relato de las experiencias personales de su autor en su contacto diario con Allende por más de tres lustros (en el senado, en sus innumerables campañas) sino además una explícita apología de éste como persona, figura y líder del movimiento popular chileno. De allí que en muchos pasajes de estas “Memorias” se contrapongan a menudo a las malignas diatribas contra Allende propaladas por la dictadura, las que son contrastándolas con las significativas experiencias de primera mano del autor en su trato cotidiano con el líder popular. La imagen de Allende que Agnic va presentándonos a lo largo de estas páginas es la de un hombre incansable, altamente preocupado por el bienestar y el futuro de su pueblo, así como el de sus colaboradores inmediatos, con un gran sentido de la moralidad y la dignidad, que se manifiesta en cada uno de los detalles de su vida de hombre, político en campaña y de senador. Esto es, la visión de un Allende “de elevada conducta ética, hecha de honorabilidad y rectitud cotidiana”, para decirlo en frase prestada de nuestro Julio César Jobet.

Descontando la inevitable cuota de idealización, partidismo y simpatía hacia su persona, la figura de Allende como ser humano y político que ha ido emergiendo de los testimonios que se contienen en las obras más arriba indicadas, se nos revela como sumamente creíble y consistente, pues se ha formado a partir de relatos escritos independientemente, incluso en diferentes países y oportunidades, por personas que conocieron o trabajaron junto a Allende, en distintas épocas de su vida; las que en su mayoría tuvieron acceso a libros, documentos, y archivos personales. En este sentido el libro de Agnic es diferente, porque fue escrito enteramente a partir de sus recuerdos, dado que toda la documentación que pudo haber sido utilizada en su redacción fue intencionadamente robada, o destruida, por los esbirros de la dictadura.

Mientras desarrolla su relato, Agnic se encarga también de refutar e iluminar algunos mitos que han circulado persistentemente en torno a Allende y a su nombre, por ejemplo, nos informa que el líder popular no se llamó nunca Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende, sino que ésta fue una invención satírica de Oscar Weiss, quien en realidad nunca fue amigo del presidente, como se ha dicho y repetido, sino su encarnizado opositor dentro del Partido Socialista.

Otra interesante y significativa revelación del autor de estas “Memorias” es algo que no quedó registrado en la historia de la época , y de lo que muy pocos supieron en su momento. Y es que el presidente Carlos Ibáñez le propuso a Allende (quien había sido derrotado por Jorge Alessandri en las elecciones de 1958), a través de su emisario, el general Horacio Gamboa, que no respetara el veredicto de las urnas, y que con su apoyo y anuencia se tomara el gobierno. La respuesta de Allende ante aquella insólita propuesta, reconstruida y conservada gracias a la buena memoria de Ozren Agnic, merece ser citada aquí en su totalidad, porque es una nueva confirmación del profundo espíritu democrático y de “fair play” (juego limpio) del presidente mártir:

“General, jamás, nunca en mi vida he oído tamaña insensatez y monstruosidad… Me extraña sobremanera que un general de la república se preste para ser el recadero de esta infame maniobra que me está proponiendo Ibáñez a través suyo. Tenga usted muy claro que mi vida personal es intachable y que jamás prestaré mi nombre ni mi posición para que corra sangre inocente en Chile. Lo aberrante de su mensaje es la antítesis de mis convicciones. ¿Han perdido ustedes la razón?, ¿no han meditado las consecuencias de lo que están planeando? Si el señor Ibáñez ha creído por un solo instante que puedo ser su pelele, se ha equivocado rotundamente. Por esencia, por filosofía, demostrada en la trayectoria de toda mi vida política, soy profundamente demócrata. Regresen [ustedes] por donde vinieron y díganle al señor Ibáñez que seré el primero en respetar el veredicto de las urnas, así como seré el primero en combatir cualquier intentona sediciosa en Chile, tal como denuncié en su oportunidad la actuación golpista del general y su conocida Línea Recta. Señores, han pasado 34 años y el señor Ibáñez sigue siendo el mismo golpista inmoral de 1924. No tenemos nada más que hablar. (Ozren Agnic, Originales, pág. 62.

En un número considerable de pasajes, el autor de estas “Memorias” alude a los dineros recibidos por la D.C. chilena de manos de la CIA, y de otros organismos norteamericanos, públicos y privados. Es oportuno señalar aquí que estos pasajes, solidamente apoyados en citas pertinentes de los documentos desclasificados sacados a la luz por las investigaciones que se resumirían en el Informe Church, provocaron los intentos de censura, y el final rechazo de la publicación de este libro, por parte del CESOC, Ediciones ChileAmérica, como lo hemos denunciado ya en otra oportunidad.

En las páginas centrales de sus “Memorias”, Agnic se refiere a un infarto, o preinfarto, que Allende habría sufrido en 1965, introduciendo el siguiente comentario: “Afortunadamente estos ataques nunca más se repitieron”(pág. 156). Es posible que este no sea un detalle de gran importancia, pero revela una cierta debilidad metodológica del libro que reseñamos, pues en distintos lugares su autor se refiere, al pasar, a varios de los libros testimoniales sobre Allende arriba nombrados, en especial al de Osvaldo Puccio, pero nunca los cita, ni examina en detalle. De haberlo hecho se habría percatado, por ejemplo, que Allende no sólo sufrió un infarto, o preinfarto, en aquel año, sino varios otros, en años posteriores; entre los que se destacan uno que tuvo en junio de 1970, es decir, unos meses antes de la elección presidencial, y otro que lo afectó en octubre de 1972, esto es, en medio del paro sedicioso de los camioneros.

La parte final del libro que reseñamos contiene un detallado relato de las terribles experiencias del autor en la Isla Quiriquina, a manos de sus sádicos carceleros de la Armada, junto a cientos de otros “prisioneros de guerra” que tuvieron la desgracia de ir a parar a aquel infierno. Conociendo los marinos fascistas la vinculación de Ozren Agnic con el presidente Allende, fue interrogado allí en varias oportunidades acerca de las vida y propiedades de aquél, buscando, sin duda, obtener información comprometedora que les permitiera desprestigiar públicamente al líder popular.

A partir de la lectura de los últimos capítulos de este libro, es posible comprender que el ficticio Plan Zeta no fue un puro ejercicio de guerra psicológica en contra de la Unidad Popular, destinado solo a justificar públicamente el Golpe, como generalmente se lo entiende; sino una maquiavélica invención que fue hecha realidad por la sistemática acción criminal de los propios golpistas, al servir como motivación y justificación interna de los interrogatorios, torturas y asesinatos de muchos partidarios del gobierno de Allende.

En fin, no cabe duda que al escribir, y hacer publicar, sus “Memorias”, Ozren Agnic ha hecho una importante contribución, no sólo al conocimiento de la vida, obra y personalidad del presidente Allende, sino también al conocimiento de la historia del movimiento popular chileno, del que éste fuera su líder indiscutido por más de tres décadas.

Nota:

1. Ozren Agnic, ALLENDE. EL HOMBRE Y EL POLITICO, Santiago, RIL Editores, 2007, 322 pp. Prólogo de Juan Guzmán Tapia.

Sin embargo, gracias a Internet hoy la información no la encontramos sólo en los medios corporativos de la prensa mundial. Afortunadamente, cualquier individuo libre, independiente y capaz de pensar y sentir por sí mismo, puede filmar discretamente, movido por algún instinto de
responsabilidad civil, escenas que tienen lugar en cualquier parte del mundo. Sólo necesita servirse para ello de su teléfono celular, y luego publicarlas en uno de tantos servidores gratuitos que existen hoy en Internet. Por el momento contamos con esa bendición…

La otra versión de los hechos ocurridos en Lhasa, la capital del Tibet, está allí, al alcance de cualquier internauta. Libre, intacta, sin manipulación. Porque los verdaderos reporteros o informantes del mundo de hoy ya no son los de nuestros medios de comunicación tradicionales y corruptos, son los hombres y mujeres libres del mundo, ellos mismos. Ver ejemplo: http://www.youtube.com/watch?v=DhjCX4KIz4Q

Lo bueno de estos “vídeos de amateur” es que las patrañas, los hechos orquestados y telegrafiados por parte de las potencias hegemónicas mundiales quedan impecablemente al descubierto: junto a cualquier vídeo de agencia de prensa reproducido en Internet es posible encontrar a su vídeo-antídoto, por decirlo así; generalmente se trata de destartalados, vulgares pero dignos vídeos de celular. Entrometidos a más no poder. Y que muestran el ángulo indeseado de los hechos.

A veces son tan perturbadores que antes de poder ser publicados en Internet por sus propios autores las agencias profesionales de la desinformación, afiliadas siempre a intereses mucho menos que imparciales, los compran, editan y editorializan adecuadamente. Pero luego terminan también publicados en Internet, donde otros vídeos celulares raza “cacri” los esperan, de esos que compran peleas, rabiosos! Así, un vídeo-celular en el que aparece un grupo de manifestantes tibetanos pasando súbitamente a la violencia, fue comprado por una multinacional de la (des)información (adivinen cuál), quien lo difundió luego con una narración que pretendía –muy mal- explicar que todo lo que veíamos era culpa de los cuerpos de seguridad chinos. Una escena muy parecida, por cierto, a la de la protesta frente a Conatel durante el caso RCTV, donde obviamente los policías eran los agredidos.

Pero vengamos a la historia del Tibet. Al comienzo de la guerra fría, el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia Central de Inteligencia (CIA), implementó de manera casi simultánea su política anticomunista contra la Unión Soviética y la República Popular China. En los años 50 fueron puestas en marcha diversas estrategias contra revolucionarias precisas y adaptadas a cada caso, una de ellas siendo el entrenamiento de guerrillas mercenarias en propio suelo estadounidense (más precisamente en Camp Hale, Rocky Mountains de Colorado), destinadas a desestabilizar la recién recuperada soberanía china (1959) sobre sus ancestrales tierras tibetanas, las cuales estubieron por mucho tiempo en manos de una teocracia feudal terrible, encarnada por la secta budista Nechung. El Imperio, en su afán de corromper la integridad territorial china -y así debilitar el comunismo- formó, entrenó y financió a través de la CIA una guerrilla mercenaria a la que luego lanzó en paracaídas sobre esas tierras. Todo ello con pleno consentimiento, o más bien complicidad de la mayor autoridad tibetana, el entonces joven Dalai Lama, una supuesta actual reencarnación de Buda. Sus dos hermanos de sangre integraban esos comandos.

Como sabemos, para Estados Unidos el aprovechamiento de cualquier tensión interna de los pueblos es siempre buena. Era lógico que su política internacional anticomunista en contra de la China de Mao comenzara por una ingerencia voraz en el conflicto étnico chino-tibetano, armando a la casta religiosa derrocada por el ejército popular chino y creando a partir de ésta una imagen mediática holywoodense de mártires sublimes. El Dalai Lama era financiado, pues, por la CIA al mismo tiempo que ésta coordinaba el desembarco de Bahía de Cochinos…

No requiere muchas vueltas el asunto. Estados Unidos, una vez más, ha fabricado, con su uso tradicional del “right timing”, o momento apropiado –aunque siempre telegrafiado a leguas-, un complot nefasto contra su peor enemigo a largo plazo, la China. Pero a sólo tres meses de los juegos olympicos de Beijín, ni la República China, que todos los pronósticos dan por invencible ante Occidente, se chupa más el dedo, ni nosotros los bolivarianos creemos en cuentos chinos texanos.

xavierpad@gmail.com

Los trabajadores, precarizados, excluidos, fragmentados como clase, reaccionan, actúan y reflexionan. Economía solidaria, de la solidaridad, popular, social, social y solidaria, comunitaria, del trabajo, de la vida… (1) En esta región estamos buscando un nombre para una variedad de prácticas de construcción de formas económicas no capitalistas que intentan resolver el acuciante problema del sustento cotidiano inmediato, pero no sólo eso, sino la insticuionalizcion de valores de solidaridad. La solidaridad entre los trabajadores de una cooperativa de producción o de consumo, entre los miembros de una comunidad étnica, entre los vecinos de una asociación por un hábitat saludable, entre los trabajadores sindicalizados, entre los trabajadores que recuperaron y autogestionan una empresa quebrada, entre los miembros de una familia ampliada, entre los participantes en una red de comercio justo, entre los pobres, entre las diversas formas del saber, esa solidaridad, que no es fácil de obtener, pues supone una práctica compleja, con aspectos político-ideológicos, tecnológicos, organizacionales, jurídicos, comunicativos, afectivos, y una lucha constante para mantenerla, ampliarla y consolidarla, es insuficiente (se requiere una solidaridad ad extra: Armando de Melo Lisboa). Para dar un ejemplo: la cooperativa puesta a competir por su supervivencia en el mercado actúa competitivamente, motivada por el egoísmo particular no ya de ganar sin límite, pero sí de asegurar la mejor calidad de vida para SUS miembros. Y al hacerlo, lucha contra las fuerzas del mercado; la de otros productores, capitalistas o no, nacionales o del extranjero, pugnando por vender sus productos, compitiendo por precios o tratando de ganar la fidelidad de los consumidores; la del sistema financiero que usualmente los discrimina; la de las regulaciones y normas que aplica el Estado, usualmente pensadas para la empresa de capital; o las rígidas instituciones del cooperativismo tradicional. Confronta también la hegemonía de una cultura individualista, calculadora, mercantilista, de manipulación del otro, de la desconfianza y el escepticismo, del inmediatismo, de la preferencia por el pequeño emprendimiento bajo control personal antes que por la asociación con otros. No es suficiente, entonces, con generar nichos de solidaridad, de eficiencia social según criterios que la sociedad no internalizó y reproduce como sentido común. Es preciso ir por más: por otra economía, por otra política, por otra sociedad, por otra cultura, por otro mundo.

Como megaestructuras tan complejas no se modifican por la pura acción decidida de unos pocos (la idea de la “toma del poder” para revolucionar la sociedad no goza de legitimidad, o en todo caso se reconoce que el poder social se construye lenta y trabajosamente), y como no existe un paradigma plausible de esa otra sociedad, de sus instituciones, de sus subjetividades, de sus formas de sociabilidad en la diversidad, de su modo de actuar lo político, de su vinculación con otras sociedades en un mundo global, estamos en un momento de reacción, experimentación, aprendizaje, de lenta recuperación de la memoria, de la perspectiva histórica y de una mirada con un horizonte del largo período, de reflexión sobre las prácticas, de articulación desde lo micro y lo local en procesos de coalescencia a nivel mesosocial de proyectos, grupos, comunidades, redes, movimientos que atinan a saltar las fronteras nacionales como el Foro Social Mundial demuestra.

Las nuevas iniciativas microsociales para resolver lo que Polanyi llamaba “el sustento del hombre” tienen un potencial para mostrar opciones individuales o grupales, y se están difundiendo, pero no tienen aún ni la escala, ni la complejidad adecuadas, ni se ha logrado avanzar lo suficiente en la vinculación práctica entre la Teoría Crítica y la indispensable racionalidad instrumental. Franz Hinkelammert ha planteado la irracionalidad social del abandonarnos a la racionalidad formal de medios a fines, que caracteriza tanto las propuestas de la teoría económica hegemónica, como el sentido común legitimador de este sistema. Y propone una perspectiva de racionalidad reproductiva de la vida de todos, una economía en que quepamos todos, como dicen los Zapatistas. Paul Singer y Luiz Inacio Gaiger han explorado la idea de que pueda existir un Modo de Producción Solidario, capaz de reproducir sobre sus propias bases una sociedad con esos valores (sin conclusiones definitivas). Para ampliar el espacio de diálogo, recordemos que para autores incluso antiutilitaristas como Alain Caillé, la posibilidad de que la economía sea ella misma solidaria es un sinsentido, porque la solidaridad social se logra por la política democrática y por una sociedad de asociaciones libres que limitan, regulan, encastran a esa economía que no podría dejar de ser un aspecto de la vida, el relativo al economizar, al calcular, al intercambiar buscando ventajas y soluciones para las propias necesidades. Jean-Louis Laville propone mantener la diferenciación Polanyiana entre la economía formal y la sustantiva y afirma la necesidad de una teoría pluralista de la acción económica como acción social. Volviendo a América Latina, Aníbal Quijano considera que, más allá de formas fragmentarias, no podrá existir una economía alternativa sin una estructura de autoridad alternativa a cualquiera de las variantes del Estado capitalista.

Desafíos

Enfrentamos muchos desafíos: ¿puede haber un sistema de comercio justo generalizado, no limitado a círculos que vinculan grupos muy desiguales en su nivel de riqueza? ¿Cómo establecer no sólo algunos precios justos para algunos productos y algunos grupos concretos (Luiz Razeto), sino un Sistema de Precios alternativo al que hoy producen los mercados globales? ¿Puede transformarse radicalmente el sistema financiero y el control del dinero, cuando los mismos actores de la economía popular aceptan y valoran un microcrédito usurario y disciplinador y prefieren la moneda de curso legal a las monedas locales? ¿Qué eficacia tiene la autonomía del proceso de trabajo autogestionado, si no se dan transformaciones radicales en las mediaciones culturales y políticas que entretejen el lazo social, incluido el de la participación en un sistema de división del trabajo? ¿Podemos recuperar el poder del conocimiento en todas sus formas, el ancestral, el práctico, el científicotécnico, e incorporarlo como “intelecto general” en todos los actores e instituciones de esa otra economía y no sólo en el capital fijo y esa capa de analistas simbólicos o “cognariado” (Pedro Cunca Bocayuba)? ¿Podemos recuperar el acceso justo a la tierra y el agua (Ulrich Duchrow y Franz Hinkelammert) para los que la trabajan y producir los alimentos que necesitan las comunidades y regiones para asegurar su sustento y a la vez contribuir a producir lo que necesitan los trabajadores de otros continentes, superando no solo el comercio sino el consumo desigual? ¿Podemos construir otra economía sin previa o simultáneamente construir otra política, que reconstituya la voluntad de las mayorías por una transformación social anticapitalista? ¿Cómo pensar en el sujeto de esa economía si no es superando al sujeto metafísico de la modernidad por el sujeto corporal, necesitado, superando el eurocentrismo y posicionándonos éticamente del lado de las víctimas del colonialismo (Enrique Dussel)?

Esos desafíos auguran una larga fase de transición, en la que los promotores colectivos compartiendo estrategias y el Estado en todas sus instancias (nacional, provincial y local) deberán cumplir un papel crítico. La aplicación con justicia reparatoria y eficacia social del principio de redistribución de recursos materiales y de conocimiento, la redefinición de los marcos normativos, la producción y provisión de bienes públicos de alta calidad, y políticas macroeconómicas que contribuyan a la protección de este sector son condiciones generales del desarrollo de un sector orgánico de economía social que, a nuestro juicio, nunca se podrá sostener exclusivamente sobre sus propias bases sin un Estado coherente y activo. Todas las políticas públicas tienen repercusión sobre ese desarrollo posible, no es cuestión de un Ministerio, Secretaría o Dirección a cargo, salvo que tenga la posibilidad de convocar y coordinar los diversos programas sectoriales. Esto, por sí mismo, supone cambios significativos en la cultura política y burocrática del Estado.

Por debajo de las tendencias de las agobiantes estadísticas y el sentido común legitimador del posibilismo, la barroca América Latina está en movimiento. De la conjunción del imperativo de subsistir, las pedagogías reflexivas (Lia Tiriba) y las acciones que van recuperando, sintetizando, esa amplia gama de movimientos e intelectuales no academicistas que actúa, explora, registra y sistematiza participativamente, que recuperan y desarrollan la cultura comunitaria y anticolonial de los pueblos originarios o de los descendientes de esclavos, el socialismo de Mariategui y otros grandes pensadores de esta region, la teologia de la liberacion, la educacion popular freireana, la teoria de centro-periferia, la cultura popular de la “informalidad”, cabe esperar que emerjan anticipaciones plausibles de uno o varios sistemas de producción y reproducción cuya articulación en una larga transición puede generar otro modo de resolver la cuestión del sustento y la reproduccion ampliada de la vida de todos con dignidad y justicia.

- José Luis Coraggio es Director Académico de la Maestría en Economía Social (MAES), ICO/UNGS, Coordinador de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria (RILESS).

El artículo completo con la bibliografía se encuentra en: http://alainet.org/active/23012 Este es el artículo introductorio de la edición 430 (marzo) de la revista América Latina en Movimiento, dedicada al tema de la “Economía Social y Solidaria”, publicada en coedición con RILESS. Ver http://alainet.org/publica/430.html